Increíble. Dos proyectos para el montaje de 114 cámaras de vigilancia urbana para Pitalito y Algeciras quedaron en el aire. La cuantiosa inversión aportada por el Gobierno Nacional se perdió.
Aunque parezca increíble, la instalación y operación de 114 nuevas cámaras de seguridad para Pitalito y Algeciras, quedaron en el aire, en medio de una terrible crisis de incremento de la criminalidad urbana.
Por demoras en la ejecución de los dos proyectos, la Gobernación del Huila tendrá, además, que reembolsar con todos los intereses los aportes que realizó el Ministerio del Interior para financiar estos dispositivos tecnológicos.
Los dos proyectos, tramitados a la par por sus alcaldes quedaron en cero. Las 114 cámaras de seguridad quedaron en el aire y la inversión estimada en 9.608 millones de pesos se perdió.
El proyecto para Pitalito era de 93 cámaras (83 cámaras PTZ tipo domo para sitios estratégicos urbanos y 10 cámaras para el corregimiento de Bruselas.
Además, el despliegue de 55 nuevos puntos de video vigilancia y adecuación y repotenciación de 38 puntos ya existentes. Además, el suministro e instalación de infraestructura tecnológica para la implementación de un centro de monitoreo en la subestación de policía de Bruselas.
Adicionalmente, el suministro e instalación de radioenlaces en banda libre para transmitir video de tres puntos de captación de videos ubicados en la zona rural de Pitalito.
Para Algeciras 21 cámaras de seguridad por un valor de 1.875 millones de pesos. La Gobernación se comprometió con otros 374,95 millones de pesos como contrapartida correspondiente al 20% del valor del convenio.
El 25 de enero de 2022 en plena vigencia de la ley de garantías el Ministerio del Interior realizó un primer desembolso por valor de 913,78 millones de pesos, girados a la Gobernación del Huila (Cuenta BBVA No. 853-0015). Lo mismo hizo con Pitalito.
Esa tramposa inclusión de las partidas en el presupuesto nacional, como estrategia de última hora para saltarse la ley de garantías durante la administración de Iván Duque terminó frustrando la instalación de las cámaras de seguridad en las dos localidades.
Convenio 2214 Algeciras
El alcalde de Algeciras Libardo Pinto Liscano radicó el proyecto el 5 de noviembre de 2020 (RAD-2020-000777- GPV) para la instalación de 21 cámaras de seguridad. El proyecto fue aprobado un año después por el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio según Acta Nro. 9 del 5 de noviembre de 2021. El proyecto costaba 1.874,77 millones de pesos.
El 23 de diciembre de 2021, se suscribió entre el Ministerio del Interior (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-Fonsecon) y la Gobernación de Huila.
La fecha de inicio, según consta en acta, se fijó para el 28 de diciembre del mismo año (coincidencialmente, el Día de los Inocentes, usado para realizar bromas).
El convenio definió un plazo hasta el 31 de julio de 2022. Ese mismo día la Gobernación constituyó garantía de cumplimiento No. 3002915 de la compañía La Previsora por 375 millones de pesos correspondiente al 20% del valor del convenio y vigencia por el plazo de ejecución del contrato y seis meses más.
Fonsecon realizó el primer desembolso el 25 de enero de 2022 por $913.786.380 girado a la cuenta de ahorros BBVA No. 853-0015… a nombre de la Gobernación del Huila.
Dos meses después, el 2 de marzo de 2022, la Gobernación publicó en el portal de contratación pública Secop II el aviso de la convocatoria pública para la implementación del sistema de emergencia y seguridad para el Municipio de Algeciras. Quedó en veremos. Las 21 cámaras de seguridad quedaron a oscuras.
Convenio laboyano
Lo mismo ocurrió con Pitalito. El proyecto fue presentado por el alcalde Edgar Muñoz el 11 de noviembre de 2020 para la instalación de 93 cámaras de vigilancia para enfrentar la ola de inseguridad.
El valor del convenio ascendió a la suma de 7.734 millones de pesos. Para la ejecución del proyecto el Ministerio aportó 6.186, 92 millones y la Gobernación aportó otros 1.546 millones de pesos.
El plazo de ejecución era hasta el 31 de julio de 2022 contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Si bien el cuestionado convenio fue suscrito a la carrera el 23 de diciembre de 2021, con acta de inicio del 29 de diciembre de ese año, y plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, el mismo preveía un término de seis meses para la liquidación bilateral, una vez finalizado el plazo de ejecución, esto es hasta el 30 de junio de 2023.
Como ocurrió en Algeciras, las 93 cámaras quedaron en el aire. Solo que lo hizo el 20 de mayo de 2022, después del fallo de la Corte. Quince días después la Gobernación publicó en el Secop II el proceso licitatorio para las 93 cámaras de seguridad en Pitalito.
Abortado proceso
El proceso fue suspendido por el secretario de Gobierno de la época (hoy candidato) el 8 de agosto de 2022 para sanear el proceso licitatorio. En septiembre del año pasado el funcionario suspendió la ejecución del convenio (Resolución No. 1729 de 2022).
El proceso licitatorio, según lo informó la Gobernación, quedó en la etapa de evaluación y no podrá ejecutarse.
Al proceso se presentaron cinco proponentes: el Consorcio Seguridad Huila 2022, la Unión Temporal UT Nesitelco Ingesmart Pitalito, CPI Group Project Ano Investment Cooperative y la Unión Temporal Seguridad Pitalito EG 2022.
El convenio como ocurrió con Algeciras fue firmado a la carrera el 23 de diciembre de 2021 y debía comenzar a ejecutarse, según consta en acta, el 29 de diciembre del mismo año, días antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías.
El 28 de diciembre de 2021 (Día de los Santos Inocentes), la Gobernación del Huila constituyó la garantía de cumplimiento No. 3002916 de la Compañía La Previsora correspondiente al 20% del valor del convenio y vigencia por el plazo de ejecución del contrato y seis meses más.
El Ministerio realizó un primer desembolso el 30 de diciembre de 2021 por 4.022 millones de pesos girados directamente a una cuenta oficial de la Gobernación la (BBVA No. 853-001).
Fuente : La NACION
