La defraudación por 1.890 millones de pesos en la Corporación Universitaria del Huila quedó esclarecida. La auxiliar contable Claudia Liliana Espitia, fue encontrada culpable. Libran orden de captura internacional.
Confirmado. La auxiliar contable Claudia Liliana Espitia Garrido, seriamente comprometida en el fraude financiero a la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) finalmente fue encontrada culpable.
Después de cuatro años de investigación, la ex funcionaria de 52 años, prófuga en Estados Unidos y con una renovada orden de captura internacional, fue condenada a 128 meses de prisión (diez años y seis meses) a título de coautora de los delitos de hurto agravado continuado en concurso heterogéneo con falsedad en documento privado.
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. La juez María del Pilar Ochoa, le negó todos los beneficios y libró la orden de captura internacional.
El escándalo
La escandalosa defraudación ampliamente documentada por LA NACIÓN estalló el 7 de noviembre de 2013. La revisora fiscal Esperanza Ramos Botello denunció las anomalías contables y contractuales halladas durante una auditoría interna.
La contadora pública encontró pagos irregulares por obras ficticias no ejecutadas, así como la cancelación de órdenes de servicios, sin ningún soporte. Las anomalías originó el relevo del rector y la renuncia de varios miembros del consejo directivo. El primer proceso fue archivado en el 2015.
Sin embargo el rector de la época, Roque González Garzón, recién posesionado, le dio otro viraje a la investigación. El académico develó el fraude financiero a través de giros irregulares realizados por funcionarios del equipo de contabilidad.
Por este hecho fueron identificadas otras seis personas del equipo contable. Sin embargo, solo tres resultaron comprometidas en este robo continuado. La Tesorera Sandra Liliana Flórez (ya imputada) quien entregó a la Fiscalía las copias de las transacciones fraudulentas y el asesor contable Karol Jeovanny Becerra, encargado de manipular el software contable, ya condenado.
No robaban solos
Los funcionarios no actuaban solos. También participaban otros miembros del equipo contable, quienes se encargaron de sincronizar los movimientos financieros fraudulentos; inventaron los beneficiarios, organizaron y diligenciaron las cuentas de cobro ficticias. Además, expidieron los cheques institucionales utilizando indebidamente dos cuentas oficiales de Corhuila.
Según la investigación, los sellos que usaron para refrendar los cheques no eran los oficiales y simularon la firma del ordenador del gasto, en este caso del rector de la época Virgilio Barrera Castro.
Las maniobras
La señora Espitia Garrido como lo documentó LA NACIÓN, firmó y plasmó su huella dactilar en la totalidad de los 391 títulos valores de los cuales 332 cheques correspondían a una cuenta corriente en la Caja Social y 59 a otra cuenta corriente de Bancolombia.
Cada uno de los registros contables fraudulentos se efectuaba a través del usuario o clave personal del sistema contable Doors, utilizado para el manejo de los costos y el pago de nómina.
El usuario y clave del software contable había sido asignado a Becerra Hernández, quien confesó y fue condenado en sentencia anticipada.
Durante la investigación se estableció que las firmas estampadas en la totalidad de los cheques girados y cancelados no correspondían al rector de la institución Virgilio Barrera Castro, el único autorizado para firmar esos documentos.
“El sello húmedo estampado en cada uno de los cheques resultó ser falso”, de acuerdo con los informes técnicos realizados por expertos del Cuerpo Técnico de Investigaciones.
Prófuga
Con toda la evidencia legalmente recaudada el 7 de marzo de 2018 la Fiscalía Octava Seccional de Neiva la llamó a juicio.
Espitia Garrido huyó del país y nunca puso la cara. La auxiliar contable, de 52 años, fue procesada en ausencia. No obstante su apoderado Mateo Mejía Gallego, siempre argumentó, sin éxito, que Espitia Garrido fue un chivo expiatorio de “una gran organización criminal que se componía por múltiples personas al interior de la universidad”. Contrario a sus argumentos, quedó demostrado que la ex funcionaria, no solo cobró los cheques, sino que participó activamente en su elaboración.
“Ella procedía a ponerle también el sello explicando cómo habilidosamente lo hacía, esto es utilizando un sello de tesorería similar al de la Rectoría que mantenía en su poder la tesorera, pero lo prestaba para ello, así lo habían convenido”, explicó el principal testigo ya condenado.
“Ella cobró todos los cheques. Le entregaba a él y a la tesorera lo convenido en partes iguales, del dinero cobrado por los cheques fraudulentos”, relató el testigo.
Los cobros, efectivamente, como la huella fueron técnicamente probados.
Plena certeza
“No hay duda que se trata de la huella de la procesada. Se encontraron once puntos de coincidencia. Hay certeza plena que el registro dactilar corresponde a la misma persona, no hay ninguna posibilidad que las huellas examinadas correspondan a otra persona”, explicó Rosa Fanny Quimbaya, experta en grafología, encargada de la verificación de los documentos originales suministrados por los bancos. Estos documentos reposan actualmente en el almacén de evidencias de la Fiscalía.
La tesorera
Detrás del robo continuado había otro cerebro: La Tesorera. La funcionaria participaba de frente en la defraudación. “Ella se encargaba del manejo de los cheques y por ende, les facilitaba a Claudia Liliana y a sus compañeros las chequeras para llenar, sacar y cobrarlo fraudulentamente”, relató el testigo.
Además, la tesorera era quien falsificaba y facilitaba el sello que ella tenía bajo su guarda y vigilancia y también confirmaba el pago de esos títulos valores cuando la llamaban del banco. “Claudia Liliana ingresaba y salía con el dinero del cheque cobrado y se lo pasaba para repartirlo entre los tres”, explicó Becerra.
“Las personas beneficiarias de los cheques no existían y las cédulas tampoco”, reiteró el testigo.
Los títulos
La primera relación de títulos cobrados ilegalmente aparecen siete cheques por un valor de 29,69 millones de pesos pagados supuestamente por honorarios. Los cheques fueron girados entre el 16 y el 18 de enero de 2013 sin ningún soporte. Los comprobantes de egreso aparecen con nombres falsos, cédulas inexistentes o números adulterados.
Los valores oscilaron entre 3,2 y 4,9 millones de pesos, con registros internos intercalados y luego ilícitamente autorizados por el representante legal, cuya firma fue suplantada. Todos los títulos fueron endosados y cobrados por ventanilla sin justificación.
Por la supuesta cancelación de arrendamientos y construcciones la auxiliar contable giró en la primera semana de mayo de 2013 otros cinco títulos, de la misma chequera, con la misma serie, por valor de 24,52 millones de pesos. Tampoco aparecían soportes.
Adulteración
“La señora tesorera diligenciaba el formato del traslado con un lapicero borrable de tinta negra en el sitio donde se dispone la cuantía, una vez el rector firmaba este documento, la señora Sandra Liliana Flórez, borraba las cifras autorizadas para así poder generar que pasaran más recursos de la cuenta de ahorro a las cuentas corrientes”, relató una testigo. Estas maniobras se hacían con intervalos de 15 o 20 días.
Posteriormente los cheques adulterados eran entregados a Claudia Liliana quien los cobraba en la sede de Bancolombia a una cuadra de la sede Quirinal.
Inmediatamente, una vez había cobrado la totalidad de los cheques sobre la calle 21, en el parque Leesburg, frente a la sede, en el interior de su vehículo, se repartían el dinero.
“Físicamente no quedaban comprobantes de egresos, solo una copia de la chequera. Contablemente los movimientos se ingresaban y quedaban en los libros auxiliares de contabilidad, todo era fraudulento”, explicó el testigo.
La tesorera Sandra Liliana Flórez también fue imputada en otro proceso. Los demás miembros del equipo contable nunca fueron vinculados.
“Los cheques tenían firma giradora falsa, y los sellos húmedos no correspondían al original suministrado como patrón”, confirmó el grafólogo Edwin Vargas Manzano, documentólogo forense de la Fiscalía.
“Las características grafonómicas no coincidían. Las firmas de los 390 cheques no corresponden al gesto gráfico de Virgilio Barrera (rector) por lo que se tratan de firmas falsas”, concluyó el experto.
En efecto, los sellos falsos fueron mandados a hacer en la misma tipografía que los originales, con la misma calidad de imprenta, lo cual hacía que las letras fueran iguales. “Entonces se tapaba con un pedacito de papel la parte donde decía Tesorería y se ponía el sello y en el centro se colocaba otro sello, que solo decía Rectoría con una tipografía de letra muy parecida y se ponía en el centro del espacio del sello”, explicó el testigo.
“De esa manera quedaba alrededor, con la misma tipografía del sello de la Rectoría y en el centro la palabra, rectoría”, subrayó.
Orden de captura
Una vez se destapó el escándalo, Espitia Garrido huyó a España y luego se radicó en Estados Unidos, donde supuestamente está radicada. Sin embargo, nadie sabe de su paradero. Según algunas versiones Espitia Garrido, se habría radicado en la localidad de Medley, en el condado de Miami-Dade en el estado de la Florida.
La juez María del Pilar Ochoa Jiménez confirmó que la señora Espitia Garrido, procesada en ausencia, se rehusó a concurrir a las diligencias judiciales. “A la fecha no se sabe de su paradero, nunca quiso hacer presencia en su propio juicio oral, no obstante, tener defensor especial”, afirmó.
Como la procesada se encuentra gozando de la libertad, la juez libró la correspondiente orden de captura.
La circular roja fue revalidada el 9 de septiembre de 2021, según lo reveló el fiscal del caso, Alirio Cordero.
Espitia Garrido fue condenada el viernes pasado a diez años y seis meses de prisión e inhabilitación por el mismo lapso.
“En estas condiciones no es procedente concederle ninguno de los subrogados penales, esto es, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y menos aún, la prisión domiciliaria”, apuntó la juez.
El abogado, Mauricio Sandoval, en calidad de representante de víctimas, celebró la decisión. Además, confirmó que la universidad no ha sido indemnizada y por lo tanto, anunció que iniciará un incidente de reparación para que le restituyan los dineros esquilmados.
