Cuando pensamos en minería se nos vienen a la mente grandes compañías transnacionales que han llegado a nuestro país, con el fin de obtener títulos mineros para explotar las maravillosas minas que Colombia posee, en varios rincones del país.
Así mismo, las promesas de estas empresas para transformar los territorios donde operarán y las cuantiosas inversiones que harán en pro de las regiones. Sean de cobre, oro, plata, platino, níquel, metales preciosos, carbón, entre otras; nuestro país tiene las esperanzas en las regalías que nos dejarán, en los ingresos fiscales y en los empleos que generarán.
Si el proceso no se maneja bien, ni hablar de las consecuencias ambientales que las actividades mineras tendrán sobre las montañas, los bosques, la flora y fauna, las fuentes hídricas, las cuencas de los ríos, la agricultura, la ganadería y el turismo de las regiones.
El suelo se verá afectado, habrá deforestación y contaminación, se afectará la calidad del aire con la emisión de gases GEI, y ni hablar del mal manejo de los relaves (residuos de la actividad minera) y la subsidencia que se puede presentar al hundirse o deformarse los terrenos, debido a la construcción de infraestructuras subterráneas para la extracción de los minerales.
Aunque las empresas mineras siempre se comprometen a minimizar estos efectos en el ecosistema, en la práctica el impacto ambiental es enorme, si no se hace un buen manejo ambiental de la actividad minera.
Y el impacto social también es relevante, las comunidades se pueden ver afectadas, se desplazan las actividades agrícolas, aumentan los migrantes buscando trabajo, se desvalorizan los predios vecinos de las minas (muchos no quieren vivir al lado de la mina), aumentan las enfermedades respiratorias, y muchas veces la comunidad no se siente segura con su presencia, pues no ve los beneficios reales.
Por el contrario, si la minera es responsable y busca una minería sostenible social y ambientalmente, serán muchos los beneficios que traerán al país y al desarrollo de las comunidades donde ejercen su influencia. Para ello, en mi concepto deben realizar estudios minuciosos sobre los impactos ambientales y sociales y establecer una relación abierta de gana-gana con las diferentes comunidades y grupos sobre los cuales ejercen su rango de influencia.
Así mismo, las decisiones de las autoridades ambientales al otorgar las licencias siempre deben estar motivadas por la responsabilidad con el país, sus regiones y habitantes; y por el rigor técnico en los procesos.
Y es que en Colombia la minería es muy importante.
Según Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, “sin minería no hay transición energética, ni reactivación; el sector minero energético representa alrededor del 9% del PIB, del cual el 2% del PIB proviene únicamente de la minería. Según cálculos de este ministerio, el sector aporta entre el 12 y 15 % de los ingresos de la nación… Uno de cada tres dólares que llega al país es gracias al sector extractivo de Colombia”.
Las mineras por su parte demandan una estabilidad jurídica y normas claras que garanticen su permanencia en el país. Actualmente, las licencias ambientales pueden tardar mucho tiempo en ser aprobadas y las empresas pueden perder oportunidades valiosas en el mercado para extraer los minerales.
En el caso de Colombia, minerales como el cobre tienen un potencial muy grande porque es muy apetecido en el exterior para fabricar paneles solares y autos eléctricos.
El precio del cobre ha subido en los mercados internacionales durante el 2021, un 33,3% y tal como lo declaró Goldman Sachs, recientemente “cooper is the new oil”.
Precisamente, por motivos burocráticos, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, denunció recientemente que “varias firmas de minería de cobre tienen en espera inversiones en el país por más de 5 billones, los cuales no han podido ser ejecutados debido a las demoras burocráticas.
La campaña electoral, siempre genera incertidumbre en la economía de un país, pero en el sector minero la situación es peor, hay candidatos y sectores políticos que están en contra de las industrias extractivas”.
Un ejemplo claro, es el de Quebradona en Jericó (Antioquia), cuyo proceso de licenciamiento se demoró más de 22 meses y ahora, la ANLA ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental, esta decisión estuvo basada en la evaluación técnica e integral del estudio de impacto ambiental.
Aunque seguramente la compañía presentará recurso de reposición, es muy posible, por lo que ha sucedido que la ANLA mantenga la decisión de negarles la licencia.
Y es que trayendo a colación la opinión del ministro de Minas y Energía y del director de la Asociación Colombiana de Minería, es que me convenzo cada día más, de que las compañías mineras que hagan exploración y explotación en nuestro país y en el mundo entero, deben comprometerse hasta los huesos con estándares como el TSM (Towards Sustainable Mining) que promueve una minería sostenible, y es un programa reconocido a nivel mundial por apoyar las empresas mineras en la gestión de riesgos ambientales y sociales claves. Según la Revista Seguridad Minera, “éste fue el primer estándar de sostenibilidad minera en el mundo que requiere evaluaciones a nivel de sitio y es obligatorio para todas las empresas que son miembros de las asociaciones implementadoras”.
El TSM desarrollado por primera vez por la Asociación de Minería de Canadá en 2004, está basado en tres grandes ejes: social, ambiental y cambio climático; y en nueve protocolos: gestión del agua, relaciones con la comunidad y grupos étnicos, preservación de la biodiversidad, planificación en gestión de crisis y comunicación, cambio climático, seguridad y salud, manejo de relaves, prevención del trabajo infantil y forzado y cierre de mina.
Precisamente, en el pasado Congreso Nacional de Minería, por un mundo más verde, la Asociación Colombiana de Minería, y sus empresas afiliadas se comprometieron a asumir el estándar TSM, y así adoptar un conjunto de indicadores para medir e informar públicamente sobre la calidad de sus sistemas de gestión.
Con la adopción del TSM cada empresa adapta los protocolos a su realidad, hace evaluaciones internas periódicas de su aplicación, permite auditores externos que también evalúan a través de más de 30 indicadores el desempeño de la empresa y publica las cifras e informes del desempeño y las mejoras continuas, para que las comunidades sepan como le va a empresa minera y cuál es su impacto en el entorno.
Sinceramente, espero que, con la adopción durante los próximos años, del TSM por parte de la ACM, y sus empresas afiliadas, se puedan adaptar los protocolos a la realidad colombiana, y así poder contribuir a reducir los impactos sociales y ambientales de los proyectos mineros.
Así mismo, que se puedan transmitir los logros de las empresas mineras y su trabajo, para establecer unas mejores relaciones con las comunidades y el entorno de las minas, procurando el desarrollo de éstas.
Igualmente, espero que el Gobierno Nacional intervenga para que no se trunquen los grandes proyectos mineros, por la no aprobación de las licencias ambientales y la falta de garantías normativas para las empresas. “Que no paguen justos por pecadores”. La inversión extranjera es vital para nuestro país.
