El presidente Trump anunció el 27 de noviembre de 2025 a través de su cuenta oficial en redes sociales que detendrá de forma permanente la migración desde lo que él califica como “países del tercer mundo”, con el fin de “permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.
Edición: Diana Valentina Castro Murcia
Inmediatamente después del anuncio, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) informó que suspenderá todas las decisiones de asilo y que realizará una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residencia permanente (“green cards”) otorgadas a nacionales de 19 países considerados de “preocupación”.
Las medidas se tomaron tras un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, en el que un ciudadano afgano, asilado recientemente, fue señalado como autor del ataque que dejó muertos y heridos entre miembros de la Guardia Nacional. El hecho ha sido utilizado como argumento por la administración para justificar las nuevas restricciones.
• Una suspensión indefinida de nuevas solicitudes de asilo y retrasos masivos para quienes buscan refugio.
• Una revisión exhaustiva de residencias permanentes (green cards) ya concedidas, lo que podría derivar en revocaciones o deportaciones, especialmente de personas provenientes de los 19 países en la lista.
• Eliminación de beneficios federales y subsidios para no-ciudadanos, según anunció Trump.
• Un endurecimiento general de la política migratoria, que podría afectar a decenas de miles de personas solicitantes de asilo, refugiados, migrantes con residencia o visas y complicar sus trámites.
Trump no ha definido con claridad qué países califica como “tercer mundo”, lo que genera dudas sobre la arbitrariedad y posible carácter discriminatorio de la medida.
Organizaciones humanitarias y de derechos de inmigrantes advierten que las suspensiones masivas de asilo y las revocaciones podrían vulnerar tratados internacionales de refugio y derechos humanos.
La medida puede afectar no solo a quienes buscan ingresar a EE. UU., sino también a migrantes que ya viven allí con estatus legal, generando incertidumbre sobre su permanencia.
