Si esto le ocurre, debe tener en cuenta que el artículo 90 de la Constitución establece que es un deber del Estado indemnizar cualquier daño antijurídico que se cause por acción y omisión de uno de su agente o de las entidades, cita el diario Asuntos Legales.
Ante esto, el Estado debe garantizar las obras públicas o, en su defecto, indemnizar a particulares. Incluso, cuando se estén realizando obras para mejorar la infraestructura.
“Los contratistas del Estado deben suscribir una póliza que se llama póliza de responsabilidad civil extracontractual y cuando suceda un hecho de estos, el contratista a través de esa póliza puede responder durante la ejecución de la obra pública.”, explicó Óscar Giovanny Balaguera, abogado litigante y profesor universitario, citado por ese mismo medio.
El problema es que el proceso podría ser demorado. Según explica el abogado, el Estado podría demorar hasta 2 años para reparar al ciudadano o a la familia de la persona que se vio afectada.
Pero, ¿cuánto le deben pagar? Balaguera explicó a Asuntos Personales que se deben cuantificar los perjuicios generados por el hueco (o daño en la obra) y pedir una reparación directa.
“Cuando sucede esto, se mira a cuánto puede ascender la demanda en costos, lo que le queda de vida útil y el daño moral para la víctima, esta es la forma en la que se cuantifican lo perjuicios”, explica el abogado.
Este tipo de demandas contra el Estado son muy comunes. El Tiempo, por su parte, enfatiza en que si el daño a su carro ocurre en Bogotá, debe responder la administración distrital.
El primer paso, indica este último diario, es tomar acciones a través de la Procuraduría, que citará a una conciliación al IDU, y revisar los perjuicios generados por alternaciones en la malla vial.
“Esta conciliación, desde que se solicita, puede tardar alrededor de dos meses para ser citada por la Procuraduría”, explica El Tiempo.
En el marco del proceso se solicita un llamado a croquis del accidente, que elaboran las mismas autoridades de tránsito. Si no se llega a conciliación, se puede iniciar la acción de reparación directa, que se traduce en una demanda contra el Estado y exigir indemnización.
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