Gobierno de Abelardo De la Espriella expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027: el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó el monto
Luego de que se presentara un vicio de trámite parlamentario en la Cámara de Representantes que impidió concluir la conciliación legislativa en los tiempos fijados por la Constitución, el Gobierno Nacional confirmó que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2027.
El anuncio fue realizado este miércoles, 21 de octubre, por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, de manera conjunta con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, precisando que el monto fijado por vía ejecutiva ascenderá a $634,9 billones de pesos, respetando las cifras acordadas durante los debates en las comisiones económicas del Congreso.
Las razones de la expedición por vía ejecutiva
- Vicio de trámite legislativo: A pesar de contar con el respaldo de las plenarias en sus discusiones previas, la falta de quórum y retrasos en las votaciones de la Cámara de Representantes impidieron la adopción final del texto conciliado antes de vencer el plazo legal.
- Mecanismo constitucional: Ante la ausencia de una ley aprobada por el Congreso al término del tiempo reglamentario, la Carta Política faculta al presidente de la República para adoptar mediante decreto el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, garantizando la continuidad operativa y fiscal del Estado.
- Monto definitivo: El vicepresidente José Manuel Restrepo enfatizó que la cifra de $634,9 billones de pesos corresponde exactamente al techo fiscal construido y debatido junto al Legislativo, descartando alteraciones discrecionales en el valor total.
Prioridades del gasto y mensaje de estabilidad
- Austeridad y transparencia: El Ejecutivo reiteró que las partidas asignadas buscan mantener el balance fiscal y priorizar el gasto en inversión social, salud, infraestructura y el cumplimiento de las obligaciones de la deuda pública.
- Mensaje a los mercados: La expedición del decreto busca enviar una señal de certidumbre económica e institucional a los mercados internacionales y agencias de calificación, asegurando la operatividad de las entidades públicas a partir del 1 de enero de 2027.
