JEP enviará a 29 exmilitares al Tribunal para la Paz por casos de falsos positivos en el Huila
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que 29 exintegrantes del Ejército Nacional serán remitidos al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones propias, luego de reconocer su responsabilidad en casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en el departamento del Huila.
La decisión se produjo tras verificar que los comparecientes aportaron verdad, aceptaron su participación en los hechos y avanzaron en acciones restaurativas dirigidas a las víctimas dentro del proceso de justicia transicional. Los exmilitares hicieron parte de unidades adscritas a la Novena Brigada del Ejército y están vinculados a crímenes ocurridos entre 2005 y 2008.
Según la JEP, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en un patrón criminal mediante el cual civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar supuestos resultados operacionales, obtener reconocimientos institucionales y acceder a beneficios dentro de la estructura militar.
Las investigaciones del Subcaso Huila del Caso 03 permitieron documentar 204 homicidios, incluidos 35 casos de desaparición forzada y varias tentativas de homicidio. Además, la justicia transicional ha identificado centenares de víctimas afectadas por estos hechos en el departamento.
La JEP destacó que los exuniformados han participado en proyectos restaurativos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas, la recuperación de cuerpos en cementerios de Neiva, Pitalito y Florencia, así como iniciativas de memoria histórica construidas junto a las víctimas y sus familias.
Ahora será el Tribunal para la Paz el encargado de definir las sanciones restaurativas que deberán cumplir los comparecientes. Entre tanto, los militares que no aceptaron responsabilidad continuarán enfrentando procesos ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían exponerse a sanciones más severas si son hallados responsables.
El caso constituye uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado en el sur del país y representa un avance en los esfuerzos por esclarecer la verdad, garantizar los derechos de las víctimas y promover la reparación de quienes sufrieron las consecuencias de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".
