Sube la gasolina en Colombia y reaviva el debate sobre subsidios
El precio de la gasolina en Colombia volverá a subir desde el 1 de mayo de 2026, en medio de una nueva controversia sobre la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro. El incremento, cercano a los 400 pesos por galón, ha generado críticas y reabierto la discusión sobre si el Estado debe subsidiar este combustible.
De acuerdo con el Gobierno, el ajuste elevará el precio del galón por encima de los 16.000 pesos en la mayoría de ciudades principales del país, lo que impactará directamente el bolsillo de los consumidores y sectores como el transporte.
La decisión se enmarca en la estrategia oficial de desmontar los subsidios a los combustibles fósiles, una política que, según el Ejecutivo, busca evitar un mayor déficit fiscal y avanzar en la transición energética. El propio presidente ha insistido en que subsidiar la gasolina es insostenible y contraproducente, al señalar que estos recursos deberían destinarse a energías limpias.
“Si sube el precio internacional, sube el precio de la gasolina”, advirtió el mandatario, dejando claro que el país seguirá las dinámicas del mercado global sin intervención estatal.
Un debate fiscal y político
Durante años, Colombia mantuvo subsidios para estabilizar el precio de los combustibles, lo que generó un fuerte déficit en el Fondo de Estabilización de Precios. Expertos han advertido que mantener estas ayudas representa una carga significativa para las finanzas públicas y puede comprometer el presupuesto nacional.
En ese contexto, el Gobierno ha defendido los incrementos graduales como una medida necesaria para cerrar esa brecha fiscal. Sin embargo, críticos sostienen que el alza constante golpea el costo de vida y podría traducirse en mayores precios de alimentos y transporte.
Impacto e incertidumbre
El aumento de 400 pesos no sería el último. Analistas advierten que, debido a factores internacionales como el precio del petróleo y tensiones geopolíticas, el combustible podría seguir encareciéndose en los próximos meses.
Así, la subida no solo refleja un ajuste económico, sino también un choque de visiones: entre quienes consideran el subsidio como un alivio social necesario y quienes lo ven como “el peor gasto público” en un contexto de transición energética y restricciones fiscales.
