Intervención a Nueva EPS sería ilegal y genera preocupación en el sistema de salud
Una fuerte controversia se desató en Colombia tras conocerse denuncias que señalan que la reciente intervención del Gobierno a la Nueva EPS podría haber sido ilegal, según revelaciones difundidas por Caracol Radio.
De acuerdo con documentos conocidos públicamente, el proceso adelantado por la Superintendencia de Salud habría omitido varios requisitos fundamentales. Entre las principales irregularidades se menciona la falta de informes técnicos previos y la ausencia de conceptos obligatorios antes de tomar la decisión, lo que pondría en duda la legalidad de la medida.
Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con el Comité de Medidas Especiales. Aunque la resolución oficial afirma que este organismo recomendó la intervención, versiones conocidas indican que, en realidad, habría sugerido no aplicar una nueva toma de posesión, lo que evidenciaría una posible tergiversación del proceso.
Además, se advierte un vacío jurídico relevante: la intervención anterior habría vencido el 3 de abril de 2026 sin ser prorrogada a tiempo. Esto habría dejado a la entidad sin control estatal durante varios días, lo que implicaría que su administración debía regresar a sus accionistas antes de una nueva decisión oficial.
Otro punto cuestionado es el nombramiento del agente interventor, Jorge Iván Ospina, quien —según informes técnicos— no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, incluyendo experiencia mínima en el sector salud.
La situación ha generado preocupación entre pacientes, clínicas y expertos, quienes advierten que estas inconsistencias no solo afectan la estabilidad jurídica de la entidad, sino que agravan la crisis del sistema de salud. Incluso, distintos sectores señalan que la incertidumbre institucional podría impactar la atención de millones de afiliados.
En medio de este panorama, también se ha evidenciado un deterioro en los indicadores de la EPS durante el tiempo de intervención, con aumento de quejas, crecimiento de deudas y retrasos en la atención médica.
La polémica se suma a las tensiones actuales del sistema de salud colombiano, en el que el Gobierno ha impulsado intervenciones a varias EPS y evalúa medidas más drásticas como la liquidación de entidades en crisis.
