Abogada asesinada buscaba recuperar lujosas haciendas de ‘Tánatos’, capo extraditado con nexos con el cartel de Sinaloa
El asesinato de la abogada penalista Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, ocurrido en Jamundí (Valle del Cauca), abrió una compleja línea investigativa que involucra millonarios litigios por bienes incautados a Jesús Hugo Berdugo Chaves, alias Tánatos, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos por sus vínculos con el cartel de Sinaloa.
La jurista fue atacada el 21 de noviembre por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta. Mientras conducía su camioneta, recibió múltiples disparos, lo que provocó que el vehículo chocara contra la fachada de una vivienda en el barrio El Rosario. Su asesinato puso en el centro del debate los procesos de extinción de dominio relacionados con el capo.
Según la Policía Metropolitana de Cali, alias Tánatos era uno de los clientes de Ramírez Bejarano. Capturado en 2020 por la Dijín y la DEA, el narcotraficante fue extraditado por liderar la organización criminal Ícaro, responsable del envío de al menos veinte toneladas de cocaína anuales hacia México y Estados Unidos. Su fortuna —según El Tiempo— incluía 276 bienes distribuidos en cuatro departamentos, valorados en más de 40.000 millones de pesos.
La abogada desempeñaba un papel clave en los litigios relacionados con las propiedades incautadas, entre ellas dos lujosas narcohaciendas en el Cauca: La Joya y El Diamante, ubicadas en Patía y Santander de Quilichao. Estos predios, equipados con piscina, caballerizas, cancha de fútbol, vigilancia privada y una amplia casona, servían como centros de reunión y logística para la estructura criminal, situada en una estratégica zona cocalera con acceso a un río empleado para transportar droga.
Ramírez Bejarano también representaba a allegados de otros narcotraficantes como Milton Rubiel Pinchao, alias Kabili, y Edier Apraez Hoyos, alias Conta, cuyos presuntos testaferros manejaban propiedades avaluadas en más de 14.000 millones de pesos, entre ellas casas de lujo en Cali, lotes en Putumayo y Cauca, y una empresa inmobiliaria y de distribución de bebidas y tabaco.
Su última actuación judicial registrada ocurrió en enero de 2024, cuando un juzgado especializado de Cali negó una sentencia anticipada que pretendía entregar unos bienes incautados y recuperar otros. El caso se desarrolla en medio de una ofensiva estatal para golpear las economías ilícitas: en noviembre de 2023, la Policía y la Fiscalía ocuparon 263 bienes relacionados con organizaciones de narcotráfico, entre ellos los de alias Tánatos, valorados en más de 60.000 millones de pesos.
El homicidio de la abogada reveló la magnitud de los intereses en disputa alrededor de los bienes del capo extraditado y dejó en evidencia el alto riesgo que enfrentan quienes intervienen en litigios vinculados a estructuras criminales transnacionales.
