Robos de desfibriladores en hospitales de Caldas revelan una red criminal y graves fallas de seguridad.
El robo de equipos médicos en hospitales del departamento de Caldas, en Colombia, ha puesto en el centro del debate tanto la seguridad hospitalaria como la protección del patrimonio estatal. De acuerdo con información proporcionada por la fuente original, la secuencia de hurtos comenzó el 26 de julio de 2024 con la sustracción de un desfibrilador valorado en más de 17 millones de pesos del hospital Felipe Suárez, en Salamina. Este hecho fue documentado por cámaras de seguridad, lo que permitió establecer el modus operandi de la banda. Posteriormente, el 18 de octubre, se repitió la escena en el hospital San Bernardo, en Filadelfia, donde haciéndose pasar por pacientes, los responsables aprovecharon la agitación de la hora pico para apropiarse de un desfibrilador y un monitor, con pérdidas totales superiores a los 28 millones de pesos.
La situación se agravó con nuevos robos ocurridos el 31 de octubre en La Merced y el 14 de noviembre en Aranzazu, todos en hospitales de la región, lo que evidenció la existencia de una operación delictiva de carácter regional. Según la fuente original, los equipos extraídos no solamente representan un alto valor económico, sino que son vitales en la atención de emergencias. En particular, la ausencia de desfibriladores incrementa el riesgo ante eventos cardíacos inesperados, ya que estos aparatos pueden reiniciar el ritmo normal del corazón mediante descargas eléctricas, una función que según la American Heart Association es crucial, teniendo en cuenta la alta incidencia anual de paros cardíacos súbitos fuera del hospital.
En el ámbito judicial, los implicados en estos robos enfrentan cargos por concierto para delinquir simple, aunque la naturaleza de las instituciones afectadas, empresas públicas del Estado, podría agravar dicha imputación penal. El proceso iniciado en febrero de 2025 ha expuesto complejidades legales, con recursos judiciales dirigidos a la revisión de la calificación del delito, reflejando la importancia de definir adecuadamente los mecanismos de protección a bienes públicos esenciales.
Institucionalmente, según expertos consultados por la revista The Lancet, los hechos revelan debilidades estructurales en los sistemas de seguridad de hospitales rurales, que requieren una integración más efectiva entre vigilancia física, controles electrónicos y formación en gestión de riesgos. El Ministerio de Salud ha dispuesto lineamientos orientados a mejorar la cadena de custodia de los equipos biomédicos, aunque en zonas rurales los retos presupuestales y de infraestructura dificultan alcanzar los estándares propuestos.
La investigación permitió la detención de los responsables en Mallama Piedrancha, Nariño, mientras se transportaban en servicio público y portaban documentación falsa, lo que abre la puerta a investigaciones adicionales sobre posibles conexiones con otros delitos, incluidos el tráfico de documentos y la delincuencia organizada. Autoridades se mantienen alerta ante esta dimensión más compleja.
Fuente: Pulzo
