La audiencia había sido agendada para el primero de octubre, pero la defensa pidió aplazarla porque el abogado no podía asistir.
La Fiscalía General de la Nación decidió ampliar el alcance de la imputación contra Nicolás Petro Burgos al incluir dos nuevos delitos: peculado por apropiación y falso testimonio.
La decisión fue adoptada por la fiscal del caso, Lucy Laborde, tras el aplazamiento de la audiencia en Barranquilla, en la que el ente acusador ya había anunciado cargos por interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y violación de datos personales relacionados con presuntas irregularidades en convenios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.
La nueva imputación está relacionada con hechos de presunta corrupción cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro era diputado por el departamento de Atlántico. Sobre los nuevos cargos, se espera que la Fiscalía amplíe detalles en la audiencia que se celebrará el próximo 8 de noviembre ante un juez de la ciudad de Barranquilla.
La diligencia inicialmente estaba programada para el pasado 1 de octubre, sin embargo, la defensa solicitó aplazarla. El abogado Alejandro Carranza informó al juez que no podía asistir al proceso debido a compromisos personales y laborales previamente adquiridos.
Para esa diligencia la Fiscalía solo había elevado la solicitud de imputación por tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Ahora, llegará con los dos nuevos cargos.
En el caso del tráfico de influencias, cobra especial relevancia, pues la Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría usado su condición de hijo del jefe de Estado para abrirse puertas en altos despachos del Gobierno y, de manera indebida, interceder en la gestión de supuestos nombramientos dentro de entidades públicas.
En cuanto al interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, están relacionados con actuaciones presuntamente ilegales cometidas cuando el hijo del presidente era diputado del Atlántico. En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
Este es el segundo proceso judicial que enfrenta el hijo del presidente. Al mismo tiempo, se defiende en otro expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que lleva meses en la etapa de audiencias preparatorias. Ese caso está relacionado con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.
Fuente: Pulzo
