El presidente Gustavo Petro ha sido incluido en la Lista Clinton junto a su esposa Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti.
¿Qué es la Lista Clinton?
La Lista Clinton, también conocida formalmente como Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) o Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT), es una lista negra emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Su propósito principal es identificar y sancionar a personas, empresas y organizaciones vinculadas con actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la proliferación de armas de destrucción masiva, representando una amenaza para la seguridad nacional o la economía de EE.UU.
La lista fue creada en octubre de 1995 mediante la Orden Ejecutiva 12978, firmada por el entonces presidente Bill Clinton, como parte de la "guerra contra las drogas". Inicialmente, se enfocó en los cárteles de la droga colombianos, como el Cartel de Cali, cuyos líderes (Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago) fueron los primeros en ser incluidos.
En 1999, se amplió con la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), que extendió las sanciones a redes globales de narcotraficantes, no solo en Colombia, sino en países como México, Perú y otras regiones.
Desde entonces, ha evolucionado para abarcar amenazas más amplias, y hoy incluye a más de 800 personas y entidades colombianas, afectando sectores como el automotriz, construcción, minería y comercio.
Consecuencias de estar en la lista
Ser incluido en la Lista Clinton implica sanciones severas, que equivalen a una "muerte comercial" para los afectados:
Bloqueo de activos: Congelación inmediata de cualquier bien o cuenta en EE.UU. o con entidades estadounidenses.
Prohibición de transacciones: No se pueden realizar negocios directos o indirectos con personas o empresas de EE.UU., ni con aliados internacionales que cumplan con estas sanciones.
Multas y penas: Las empresas que violen la prohibición enfrentan multas de hasta 250.000 dólares o el doble del valor de la transacción no autorizada, y posibles cargos penales.
Impacto reputacional: Mancha la imagen de los sancionados, afectando relaciones comerciales globales y aumentando el riesgo crediticio de países como Colombia (por ejemplo, elevando tasas de interés en deudas internacionales).
En Colombia, aunque no genera delitos locales, limita el acceso a bancos y transacciones internacionales.
Los afectados pueden solicitar remoción demostrando con pruebas que no participan en actividades ilícitas, pero el proceso es largo y riguroso.
Contexto actual (octubre 2025)
Recientemente, la lista ha ganado relevancia por declaraciones del senador republicano Bernie Moreno, quien en una entrevista con Fox News (21 de octubre de 2025) anunció que EE.UU. acelera investigaciones para incluir al presidente colombiano Gustavo Petro, su familia y colaboradores cercanos, por presuntos nexos con narcotráfico. Esto se enmarca en la política de la administración Trump contra el narcotráfico en las Américas, y podría tener graves implicaciones diplomáticas y económicas para Colombia, como la suspensión de subsidios y un aumento en el riesgo del país.
