Colombiano detenido por asesinar a su pareja en España había sido expulsado del país: lo habían arrestado antes por tratar de asfixiarla

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La mujer de 28 años fue atacada mortalmente luego de una discusión, mientras el presunto agresor trató de autolesionarse con la misma arma y permanece hospitalizado bajo custodia policial. 

El asesinato de una joven de nacionalidad española y origen colombiano en el barrio de Sevilla Este, en España, ha conmocionado, tras confirmarse que fue apuñalada por su pareja sentimental, un ciudadano colombiano de 21 años que tenía un expediente de expulsión abierto en el país ibérico.


El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo 28 de septiembre, cuando diversos cuerpos policiales y servicios de emergencia respondieron a un aviso recibido a las 3:10 a. m., el cual alertaba sobre “una mujer sangrando y pidiendo ayuda” en la calle Tigris, según informó Diario de Sevilla.

La víctima fue identificada como Yaqueline, de 28 años. La secuencia de los hechos apunta a una discusión entre la pareja tras una fiesta de cumpleaños, que terminó con una agresión física y la huida de la joven hasta el portal de su vivienda, donde fue alcanzada por su agresor y recibió la puñalada mortal.

Fuentes policiales valoran también la hipótesis de que el hombre pudiera haber esperado a la mujer en el portal antes de atacarla. Tras cometer el crimen, el autor, Julián David G. V., intentó suicidarse empleando el mismo cuchillo, por lo que fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena en estado grave y permanece bajo custodia policial. Está previsto que sea trasladado a comisaría para tomarle declaración una vez reciba el alta médica.

La víctima, de nacionalidad española y origen colombiano, fue apuñalada en el portal de su vivienda tras una discusión - crédito kthe.as/Instagram


El historial de la relación muestra antecedentes de violencia. Según detalló el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el detenido era objeto de un procedimiento de expulsión todavía sin ejecutar y figuraba en el sistema Viogén de protección a víctimas de violencia de género debido a hechos anteriores.

En 2024, en la provincia de Cádiz, el hombre ya había sido arrestado después de intentar asfixiar a su pareja, una situación que se resolvió gracias a la intervención de terceros que alertaron a la Policía.

Sin embargo, al no presentar denuncia la víctima, el agresor quedó en libertad provisional y, tal y como confirmó Toscano a Diario de Sevilla“no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor”, por lo que no existía orden de alejamiento.

El procedimiento de expulsión abierto contra Julián David G. V. seguía en trámite, según Diario de Sevilla. En estos casos, la persona afectada dispone de un plazo breve para presentar alegaciones, tras lo cual la Administración decide si procede la expulsión forzosa del país y la prohibición de retorno. La resolución administrativa aún no se había dictado en el momento de los hechos.

En reacción a este nuevo caso de violencia, el subdelegado Toscano hizo un llamamiento a toda la sociedad y especialmente “a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión”, destacando la importancia de recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “porque se trata de salvar vidas”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mostró su «más absoluta condena por este asesinato» y expresó “su más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima”, según información brindada por Diario de Sevilla.

El proceso aún no está resuelto. Si se confirma la expulsión, la persona extranjera debe abandonar el país y no podrá regresar al espacio hasta por cinco años. Antes de ejecutar la expulsión, el afectado puede presentar argumentos, que serán revisados por la autoridad competente antes de tomar una decisión final.

Esta resolución administrativa puede ser impugnada mediante los recursos legales correspondientes. Todo el procedimiento sigue los plazos y garantías establecidos por la normativa, asegurando el derecho de defensa de la persona afectada mientras se desarrolla el trámite administrativo y judicial.


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