En el hecho una mujer identificada como Nubia Yiseth Gómez Soto, resultó con lesiones en su mano, mientras que el agresor fue reducido y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata, donde iba ser denunciado por el delito de violencia contra servidor público y lesiones personales. Una funcionaria de Empresas Públicas, al parecer, habría ejercido presión para que el agresor no fuera judicializado.
Cuando los reguladores de movilidad de la ciudad de Neiva se encontraban realizando actividades del Plan Semáforo sobre la carrera Segunda con avenida La Toma, se registró un hecho de intolerancia, que dejó como resultado una agente herida y una persona reducida en la URI.
De acuerdo con la información conocida por el Periódico LA NACIÓN, eran aproximadamente las 2:00 de la tarde de ayer, cuando los guardas de tránsito le hicieron la señal de pare a un motociclista que se movilizaba con una femenina sin portar su casco de seguridad.
Al parecer en ese momento, el implicado identificado como Yerson Collazos Ramírez, intentó evadir el requerimiento, por lo que los reguladores le exigieron que apagara su motocicleta. Ante dicha petición, el ya mencionado desenfundó una navaja y comenzó a amenazar a los guardas.
“Nosotros con lo que teníamos en las manos tratamos de defendernos de las puñaladas que el señor nos daba. A él no se le trató mal, sólo se le insistió en que apagara la moto y que se arrodillara, pero no quiso acatar la orden y por eso la compañera al sentirse impotente, trató de coger el velomotor y fue ahí cuando el hombre la alcanzó a herir en el brazo”, expresó uno de los afectados.
En el suceso tuvo que intervenir la patrulla de la Policía Metropolitana de Neiva, quien redujo a Collazos Ramírez, llevándolo hasta la Unidad de Reacción Inmediata por solicitud de los afectados, quienes iban a instaurar las denuncias por los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales.
“Muchos motociclistas solo quieren cometer las infracciones y seguir como si nada, pero ese es nuestro trabajo, no podemos permitir que conduzcan sin documentos, que se pasen los semáforos en rojo e incluso andar sin casco”, añadió.
Del victimario se conoció que ya contaba con un sinnúmero de comparendos, que suman una deuda al municipio que sobrepasa los quince millones de pesos.
Curiosamente a las 9:00 de la noche de ayer fueron sacados los guardas de tránsito de la URI, debido a que llegó una funcionaria de Empresas Públicas, con un abogado, al parecer, moviendo influencias para que este caso no trascendiera.
“A la calle nos sacaron como perros, no nos sentimos respaldados ni por parte de la secretaría de Movilidad, ni por el alcalde, estando trabajando para ellos. Con el solo hecho de llegar una señora que trabaja para Empresas Públicas, llamada Claudia Andrea Valencia, nos cerraron las puertas, aparte regañó la compañera para que esto no se hiciera público”, concluyó.
Según la denuncia de los agentes, la mujer en mención habría ejercido presión en defensa del agresor para que no fuera judicializado.
