Los 4.750 millones de pesos que se destinaron para la construcción del sendero de interpretación arqueológica en San Agustín, simbólico de la cultura Ullumbe, se dilapidaron en pequeñas obras de ornato, nunca autorizadas.
Aunque parezca insólito, el fabuloso proyecto diseñado en homenaje al bicentenario terminó convertido en pequeñas obras de remodelación en los parques periféricos, jamás contemplados en el contrato.
El proyecto, con una extensión de 1.580 metros conectaría el casco urbano con el Parque Arqueológico, declarado por la Unesco como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Tendría un pasaje peatonal, andenes adoquinados, zonas verdes y ciclo ruta, como atractivo turístico.
Sin embargo, por una falta de planeación, los dineros se desviaron para arreglar la plaza cívica y los parques Simón Bolívar y San Martín, que además, registraban evidentes desperfectos y terminados de baja calidad.
El cronograma contemplaba como fecha de inicio el 22 de octubre de 2015 con un plazo de ejecución de seis meses.
La interventoría fue contratada el 14 de octubre de 2015 con el Consorcio Interventoría 2015 por un valor de 225 millones de pesos.
Después de vencido el plazo de ejecución, se amplió a 28 meses. El proyecto fracasó. Ever Bolaños Jojoa, el alcalde de la época, admitió que la iniciativa naufragó en plena orilla.
El naufragio
La obra, como lo denunció LA NACIÓN en su oportunidad, nunca pudo arrancar como estaba diseñada.
Primero, la empresa Aliadas para el Progreso, contratista de la concesión Santana-Mocoa-Neiva, no autorizó la intervención de la vía. Este contrato incluía la recuperación de la variante Pitalito-San Agustín.
Inicialmente, antes de firmarse la concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) otorgó los permisos temporales para poder ejecutar el proyecto.
El director regional del Invías Oscar Manrique confirmó que los permisos caducaron y nunca hubo gestiones para su renovación.
En este lapso la firma ‘Aliadas’ asumió el control de la vía. Los operadores del contrato tampoco fueron diligentes en obtener la autorización.
“Cuando volvieron a tramitarlos ni la ANI ni Aliadas otorgaron los permisos, lo que ocasionó que el proyecto no pudiera ejecutarse como estaba contratado”, confirmó el ex secretario de Vías, Henry Liscano, quien se desempeñó como supervisor.
“Ante la imposibilidad de terminar el proyecto original, se optó en invertir el anticipo en la reparación de los parques, que presentaban graves deficiencias”, anotó.
“Como este, tenemos 20 proyectos por 133 mil millones de pesos, con algunas situaciones de riesgo que merecen especial atención, como Estadio de Neiva, Estadio de Aipe, Velódromo de Pitalito, Sendero Arqueológico San Agustín, entre otros”, confirmó, Gloria Alonso, directora del DNP.
En San Agustín, para vergüenza del país, hay otros dos enormes descalabros: La casa de la Cultura (Maloka) y el Anillo Turístico del Sur, embolatado por la corrupción.
Nuevo aire
Por este descalabro, la Contraloría General de la República inició en el 2019 las primeras investigaciones.
Después de dos años, decidió vincular formalmente a Fundecol, la empresa contratista, para que responda por la pérdida de los dineros públicos.
Funcionarios de la entidad, confirmaron que la semana pasada le notificaron la vinculación, conjuntamente con los interventores y los ordenadores del gasto.
Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, también exigió la devolución de 2.200 millones de pesos que se desembolsaron pero que nunca se ejecutaron.
Graves deficiencias
El hundimiento prematuro del sendero arqueológico fue provocado por graves deficiencias en la planeación, inadecuado seguimiento y falta de control.
“No se contó con un estudio técnico apto en donde se identificarán factores determinantes como la idoneidad, integralidad y viabilidad”, observó.
El proyecto no contó con la viabilidad de intervención favorable por parte de la concesionaria Aliadas para el Progreso, también ‘enredada’ por los escandalosos sobornos de la firma Odebrecht.
En examen, la primera etapa no se llevó a cabo, en virtud de las falencias de planeación del proyecto, “toda vez que se omitió un estudio técnico en donde se identificarán factores tendientes a la viabilidad del mismo. Además, resulta evidente el deficiente seguimiento de la Interventoría al cumplimiento de la ejecución del contrato”.
En este caso, el proyecto no cumplió los objetivos ni el sendero propuesto se ejecutó como fue contratado.
Además, “la inversión ejecutada por la Gobernación del Huila para el desarrollo del proyecto no generó ninguna clase de beneficio turístico como motor de desarrollo regional cuantificable”, precisó el organismo de control.
“La contratación efectuada no logró el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, razón por la cual se establece un daño al patrimonio público determinado en el valor del anticipo pagado”.
“En éstas circunstancias el proyecto no se desarrolló con eficacia, no cumplió el objetivo general por las deficientes, omisivas y negligentes labores de la supervisión e interventoría contractual”, concluyó la entidad.
Adicionalmente, estimó que la administración departamental, encargada de la ejecución, no le exigió a la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol) la ejecución de las actividades pactadas con apego a las cláusulas del contrato. Y menos sobre la mala calidad de las pocas obras que ejecutó.
Desviación
En este mismo sentido, precisó que los recursos del anticipo fueron utilizados para ejecutar actividades no previstas en el contrato original, especialmente en otras áreas intervenidas, como pavimento articulado del parque Simón Bolívar, canales de aguas lluvia en el parque San Martín, obras adicionales en ornato y adecuación de zonas verdes, actividades no previstas.
Según el estudio técnico realizado el contratista realizó 30 actividades nuevas que no fueron debidamente aprobadas por el Ocad, el órgano competente para autorizar el destino final de los desembolsos.
El ingeniero Wosbaldo Ayala López, contratado para evaluar la ejecución del proyecto, confirmó la destinación oficial diferente de los recursos.
“Las debilidades del proyecto se originan, desde la planeación misma y durante la ejecución de la obra al probarse que no se construyó un sendero arqueológico como obra destinada al sector turismo, sino unos andenes, además de construcción defectuosa”, concluyó.
“Al utilizar los recursos del anticipo en otras actividades se configuró un daño cierto y no futuro”, precisó la contralora Delegada de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, Yenny Andrea Quintero Herrera.
El daño patrimonial sin indexar, fue calculado en 1.798 millones de pesos.
La funcionaria llamó finalmente a responder por este daño patrimonial a la Fundación por el Desarrollo de Colombia (Fundecol), representada actualmente por Diana Paola Cedeño Chicaiza, encargada del contrato de obra que zozobró en el arranque.
Con anterioridad le imputó también responsabilidad al Consorcio Interventoría 2015, integrado por Carlos Arturo Quiza Camacho y Tatiana Pérez Guzmán.
Redacción: La Nación
