Documento del Ministerio de Defensa revela detalles sobre estos casos.
Cuando el país aún no se repone de la indignación que generó la confesión de tres de los siete soldados acusados de violar a una niña indígena, quienes admitieron haber mentido en el proceso penal que adelanta la Fiscalía por ese caso, el Ministerio de Defensa acaba de revelar un documento que ya empezó a generar polémica en el Congreso.
Se trata de un escrito enviado por la cartera de Defensa a la Cámara de Representantes, en respuesta a un derecho de petición, en el que el Gobierno responde a una información publicada por EL TIEMPO, en la que se menciona que, según fuentes del Ejército, a julio del año pasado había 118 investigaciones abiertas a militares por abuso sexual de menores
En el documento, allegado al congresista de Alianza Verde Inti Asprilla, el Gobierno detalla en qué van los procesos por abuso sexual a menores.
“En lo que concierne al estado de las investigaciones penales en las que se ha recibido comunicación oficial de la autoridad competente, se conoce trece decisiones condenatorias”, manifiesta el escrito, conocido por este diario.
Es decir, según la información del Ministerio de Defensa, solo en 13 de los 118 casos ha habido condena, lo que significa apenas poco más del 10 por ciento de los procesos.
El documento también hace referencia a los resultados que se conocen hasta ahora por las investigaciones internas iniciadas al interior de la institución.
“De los procesos que cuentan con fallo se reporta lo siguiente: cinco fallos sancionatorios, de los cuales tres están en firme y dos en apelación en segunda instancia (…) En 11 procesos se adoptó la decisión disciplinaria de archivo”, manifiesta la entidad en su respuesta.
En cuanto a los militares investigados por estos hechos, el ministerio manifiesta que son 66 soldados, 39 suboficiales y 6 oficiales.
Pero este no es un flagelo que se presente solo en el Ejército, según publicó este diario en octubre de este año, basado en información del Ministerio de Defensa, la institución de la Fuerza Pública que más reportes de investigaciones tiene por uniformados involucrados en abuso y violación de menores es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242.
El comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, señaló hace algunos meses que desde hace varios años, desde el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Militares, se han impartido los instrumentos de política pública sobre los derechos de las mujeres, niños y adolescentes; sumado a las "políticas de género para prevenir en el interior de la institución la violencia sexual".
Puntualizó que en tal sentido se han capacitado 3.000 integrantes, hombres y mujeres del Ejército, y que en 2019 se firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para fortalecer el sentido del respeto a los menores.
El general Zapateiro reiteró que los casos que involucran a los integrantes de la Fuerza en actos sexuales abusivos y violentos le "duelen profundamente", por ello, su "absoluto respeto y solidaridad con las víctimas". En este aspecto, señaló que son casos individuales.
Protocolo
Son 7 los soldados que deben responder por el abuso sexual al que fue sometida una menor indígena.
Foto:
Procuraduría General de la Nación
Justamente el pasado 24 de julio la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al término de una reunión con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, reveló que se conformaría una mesa de trabajo para la creación de un protocolo con directrices sobre los derechos, garantías y protección de los menores y las mujeres.
La Vicepresidenta reveló que la mesa estaba conformada por representantes de las FF.MM., un vocero del Despacho de la Primera Dama, un representante del ICBF, otro de la Consejería de la Niñez y la Adolescencia, también de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género y expertos forenses que tengan trayectoria comprobada en estos temas.
“Esta mesa entregará sus recomendaciones a más tardar en 30 días, para que al interior de la fuerza pública se refuercen todos los controles necesarios, bajo la premisa de cero tolerancia con los delitos o violación de los derechos humanos, especialmente en cuanto tienen que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes, como parte esencial de lo que debe ser la política de seguridad”, manifestó en ese momento la vicepresidenta.
