Gustavo Petro responde a Abelardo de la Espriella: niega dejar el país en saldo en rojo y atribuye el déficit al subsidio de combustibles
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió públicamente a las acusaciones vertidas por el actual mandatario, Abelardo de la Espriella, durante su más reciente alocución presidencial. De la Espriella había afirmado que las finanzas del Estado se encuentran "en rojo" y en un estado de sobregiro.
En su réplica, Petro rechazó categóricamente dicho diagnóstico fiscal y sostuvo que la brecha presupuestaria del país no responde a un derroche de gasto en su administración ni a hechos de corrupción, sino al desbalance estructural causado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El origen del déficit, según Petro
El exmandatario explicó que el déficit primario en las cuentas del Estado está compuesto, casi en su totalidad, por los recursos destinados a cubrir el subsidio a la gasolina y los combustibles. A su juicio, reducir el saldo en rojo no debe lograrse a costa del gasto social ni de recortes a sectores prioritarios, sino mediante una gestión responsable de la deuda pública y el mantenimiento de ingresos progresivos.
Petro cuestionó además los planteamientos del Ejecutivo frente a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El expresidente advirtió sobre los riesgos de someter el presupuesto nacional a planes de ajuste promovidos por organismos internacionales, señalando la experiencia de otros países de la región como un espejo no deseable.
Choque por la corrupción y la economía
Frente a los señalamientos de corrupción planteados en la alocución de De la Espriella, Petro aseguró que durante su periodo de gobierno retiró de sus cargos a las personas que incurrieron en faltas e irregularidades de manera inmediata. En contraposición, lanzó severas críticas a las declaraciones de la actual administración.
Finalmente, el expresidente formuló una serie de recomendaciones económicas para el actual periodo de gobierno:
- Incrementar el salario mínimo por encima de la tasa de inflación para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
- Preservar el gasto social destinado a las poblaciones más vulnerables.
- Cobrar mayores cargas tributarias a los sectores de más altos ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal sin acudir a endeudamientos ni recortes drásticos.
