En firme condena contra expersonero de Altamira por intentar sobornar a un fiscal
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón dejó en firme la condena contra Juan Camilo Gómez Muñoz, ex personero del municipio de Altamira, Huila, por ofrecer dinero a un fiscal con el propósito de evitar la destrucción de un cargamento de base de coca incautado por las autoridades.
De acuerdo con la decisión judicial, Gómez Muñoz, en compañía de José Daniel Pimentel Mejía, conductor vinculado a la Alcaldía de Altamira, ofreció hasta 100 millones de pesos a un funcionario de la Fiscalía para que permitiera sustituir 135 kilos de base de coca por otra sustancia y así devolver la droga a sus propietarios.
La propuesta: “quedarse con la mitad de la droga”
Según la investigación, el acercamiento se produjo en mayo de 2020, un día antes de la diligencia de destrucción del estupefaciente. En ese encuentro, los implicados le plantearon al fiscal la posibilidad de alterar el procedimiento y, como contraprestación, recibir parte del cargamento o una suma de dinero.
El funcionario rechazó el ofrecimiento y puso en conocimiento de sus superiores lo ocurrido, lo que permitió recopilar pruebas como registros de cámaras de seguridad y testimonios que fueron determinantes en el juicio.
Condenas y sanciones
La sentencia, emitida el 20 de marzo de 2026, declaró responsables a los dos procesados por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
- Juan Camilo Gómez Muñoz fue condenado a 78 meses de prisión.
- José Daniel Pimentel Mejía recibió una pena de 63 meses.
- Ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante ocho años.
Además, el despacho negó beneficios como la prisión domiciliaria y ordenó su captura una vez la decisión judicial quede ejecutoriada.
Antecedentes disciplinarios
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en 2023 contra el ex personero, al considerar que habría utilizado su investidura para facilitar un acto de corrupción orientado a recuperar la sustancia ilícita.
Un caso que sacude al sur del Huila
La condena representa un nuevo golpe contra la corrupción en la región y pone de relieve la gravedad de que funcionarios públicos intenten interferir en procesos judiciales relacionados con el narcotráfico. La actuación del fiscal que denunció el hecho fue clave para impedir que el cargamento regresara a manos de estructuras criminales.
