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Inicialmente, no aplica para el Huila. En los departamentos donde sí, entra a regir en seis meses. Las estaciones de servicio piden más claridad sobre los precios diferenciales, mientras que el Ministerio considera que es “una medida necesaria”.
Debido al gran hueco en las finanzas públicas que ha causado la desfinanciación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gobierno del presidente Gustavo Petro por medio del Ministerio de Minas y Energía continúa en la tarea de su desmonte progresivo, por eso, tras realizar las alzas en el precio de la gasolina durante el 2023, ahora le llega el turno al diésel, ¿cómo será?
Inicialmente, la medida rige solo en algunos municipios de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Y entra en vigor dentro de seis meses.
El Gobierno expidió el Decreto 1428 de 2025, mediante el cual se establece un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, con el fin de corregir distorsiones en el uso de los subsidios y proteger las finanzas públicas.
La decisión parte de un diagnóstico claro: durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado.
Con este decreto, el precio del diésel para esos vehículos se acerca a su valor real, sube aproximadamente $3.000, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, evitando impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos. Pero esa exclusión ha generado dudas en las estaciones de servicio.
A pesar de los interrogantes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reafirmó que la medida busca mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”.
Es “una medida necesaria, desmontar el subsidio a camionetas diésel particulares que más tienen. Con esto reducimos las brechas sociales y fiscales”, insistió. Pero también admitió: “Ahora el reto es implementarlo. Y trabajaremos en ello urgentemente”.
La implementación será gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, donde no figura el Huila, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.
Las dudas
En Huila, Luz Mila Moyano, vocera de los distribuidores minoristas subrayó que inicialmente la medida no aplica en este departamento, pero el gobierno ha advertido que será progresivo y más adelante sí se hará efectivo. “Lo que nosotros no hemos podido tener claro, es cómo se irán a manejar los precios en las estaciones de servicio, ya que tendríamos que tener dos valores o dos precios para poder vender el combustible. ¿Por qué motivo nos preocupa mucho? Porque es que nosotros no podemos tener dos precios”.
En suma, “lo que se busca es conocer cómo sería la metodología, la transición y los controles”, resaltó. “Esa es la parte que nos tiene muy preocupados. ¿Cómo va a ser la parte operativa de esto? Porque es que no hay claridad”.
En esa misma línea, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos en Colombia – Fendipetróleo, en representación de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos en Colombia precisó que las estaciones de servicio no fijan precios ni definen subsidios. “Las estaciones de servicio son agentes regulados que aplican estrictamente los precios, márgenes y condiciones definidos por el Gobierno Nacional. No somos beneficiarios de subsidios, ni tenemos injerencia en la estructura del precio final de los combustibles”.
Además, solicitan que la medida se aplique de manera nacional, argumentando que “la diferencia de precios entre municipios incentiva el desplazamiento de los consumidores hacia zonas donde el combustible sea más económico, afectando la libre competencia y provocando desequilibrios en las ventas”.
