Gobierno anuncia medida para proteger precios de viviendas VIS y VIP frente al alza del salario mínimo
Bogotá, 15 de enero de 2026. — El Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto orientado a garantizar la estabilidad de los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), una iniciativa que ha sido celebrada por miles de potenciales compradores que buscan seguridad en el valor de sus hogares ante las recientes variaciones económicas.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca evitar que el incremento del salario mínimo, que para 2026 fue de alrededor del 23 %, se traslade automáticamente a los precios finales de estos inmuebles, como ha ocurrido en algunos proyectos inmobiliarios.
Según las autoridades, el decreto armoniza el tope máximo de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, pero aclara que los precios deben pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso de compra, sin indexaciones automáticas ligadas al salario mínimo.
El objetivo de la medida es proteger la planeación financiera de los hogares, garantizar transparencia en el mercado y evitar prácticas abusivas como retrasar la firma de contratos para trasladar aumentos salariales a los compradores o incluir cláusulas que perjudiquen al consumidor. Además, reafirma que cualquier ajuste en el precio solo podrá estar relacionado con los costos reales de construcción y no con variables como el salario mínimo.
Las autoridades han enfatizado que la propuesta no constituye un control de precios, sino un mecanismo de protección al consumidor y de seguridad jurídica para quienes adelantan procesos de compra de vivienda nueva. El proyecto de decreto estará en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026, plazo durante el cual ciudadanos, empresas y gremios podrán presentar sus comentarios antes de su adopción definitiva.
Con esta decisión, el Gobierno busca generar condiciones más claras y previsibles para miles de familias que esperan acceder a una vivienda propia en un mercado que ha sido presionado por los recientes aumentos de costos.
