El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó el martes 25 de noviembre ante las comisiones económicas del Congreso de la República de Colombia la ponencia positiva del proyecto de Ley de Financiamiento, con una meta de recaudo de COP 16,3 billones.
Edición: Diana Valentina Castro Murcia
En esta versión del proyecto se hicieron ajustes importantes: se eliminaron siete artículos, se añadieron dos nuevos y se modificaron 12 apartados para atender peticiones de los ponentes. Entre los cambios más destacados figuran la eliminación del IVA a combustibles y la eliminación de la tarifa modificada de renta para personas naturales (pues su impacto se vería en 2027).
El objetivo de esta iniciativa es financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado recientemente en el Congreso por COP 546,9 billones.
Obstáculos en el Congreso: archivo, quórum y división de votos
Pese a que la ponencia favorable ya fue radicada, el proyecto enfrenta hoy resistencia significativa dentro del Congreso. Desde la bancada opositora se han presentado al menos dos ponencias de archivo, una en la Cámara de Representantes y otra en el Senado, con el fin de hundir la iniciativa.
En el momento de su presentación, la ponencia positiva fue firmada solo por 10 congresistas de los 31 miembros de las comisiones económicas, lo que refleja un respaldo reducido.
Durante la primera sesión del debate, la discusión empezó, pero luego la sesión fue levantada por falta de quórum, lo que paralizó el avance.
Lo que está en juego, lo que proponen los cambios
Originalmente, el proyecto de ley incluía reformas tributarias más agresivas, con múltiples aumentos de impuestos, ampliación de la base del IVA, impuestos a combustibles, a hidrocarburos, a dividendos, patrimonio, impuestos ambientales, adicionales para empresas, entre otros.
Con la nueva versión, algunos de esos puntos polémicos fueron eliminados o modificados, intentando reducir el impacto sobre combustibles y personas naturales.
El Gobierno argumenta que esos recursos son indispensables para garantizar la sostenibilidad fiscal y financiar el presupuesto de 2026, después de haber aprobado el plan de gastos.
Sin embargo, varios de los opositores sostienen que la reforma afectaría a hogares y empresas — diciendo que representa carga tributaria extra, encarecería bienes básicos e impactaría la competitividad y la inversión. 
Estado actual: reforma “viva”, pero con futuro incierto
Hoy la reforma sigue técnicamente en trámite, pues la ponencia positiva está radicada. Pero políticamente, su futuro es incierto y volátil:
• El bajo respaldo con que se radicó la ponencia.
• Las ponencias de archivo que buscan hundirla.
• La dificultad para garantizar quórum en las sesiones.
• La disputa fuerte en comisiones sobre su viabilidad.
Todo esto sugiere que, aunque la ley no ha sido archivada, su aprobación no está garantizada y dependerá de negociaciones intensas en los próximos días.
Qué sigue: foco en próximas sesiones del Congreso
El seguimiento estará puesto en las próximas citas de las comisiones económicas conjuntas si logran quórum, si rechazan las ponencias de archivo, y si deciden aprobar la ponencia positiva. Si alguna de las comisiones clave la hunde, la reforma podría quedar eliminada.
Por otra parte, si se aprueba, los cambios propuestos sobre todo ajustes en impuestos a empresas, consumo, patrimonio, tendrían efectos directos sobre impuestos, precios, y recaudo fiscal.
