Entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad perdieron la vida en cuatro bombardeos militares autorizados por el Gobierno Nacional, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Edición: Diana Valentina Castro Murcia
El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que recibió 20 cuerpos tras un bombardeo militar en Guaviare el 12 de noviembre, y determinó que siete de ellos eran menores de edad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó las operaciones asegurando que se realizaron bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario y que la verificación de la edad de las víctimas fue realizada por Medicina Legal.
El propio presidente Gustavo Petro reconoció la muerte de al menos una docena de menores durante estos bombardeos.
Además del operativo en Guaviare, según informes, otros bombardeos en Caquetá y Arauca también dejaron menores fallecidos. Petro reportó cuatro adolescentes en Caquetá, siete en Guaviare y uno en Arauca.
En un bombardeo realizado en octubre en el Amazonas, dirigido contra disidencias de las FARC, murieron al menos cuatro menores de edad, según denuncias de la Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz.
La Fiscalía Militar y Policial abrió una indagación por el bombardeo en Guaviare que dejó siete menores muertos, para determinar si se respetaron las normas sobre el uso de la fuerza.
Un caso particular ha generado gran conmoción: Caren Smith Cubillos Miraña, una niña de 13 años, fue identificada entre las víctimas del bombardeo en Guaviare.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ha pedido al presidente Petro que suspenda los bombardeos, debido a los riesgos que enfrentan los menores en operaciones militares.
El ministro de Defensa afirmó:
“Lamentamos profundamente que dentro de ellos, fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales”, señaló tras conocerse el balance.
Petro, por su parte, ha defendido la ofensiva como parte de su política contra las disidencias de las FARC, aduciendo que muchas de estas personas eran víctimas de reclutamiento forzado.
Desde organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, se intensifican los llamados para garantizar la protección de los menores y revisar los protocolos de las operaciones militares.
