El organismo electoral de Colombia determinó que la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, bajo el nombre “Petro Presidente 2022-2026”, violó los límites legales para el gasto y la financiación de campaña, lo que se traduce en una sanción histórica.
Edición: Diana Valentina Castro Murcia
Tras una votación 6-3 en la Sala Plena del CNE, contando con un conjuez que desempató la decisión, la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fue aprobada, validando las irregularidades señaladas.
Qué se demostró
• Según la resolución, la campaña habría excedido los topes permitidos en aproximadamente COP 5.300 millones entre primera y segunda vuelta.
• También se señala financiación de fuentes prohibidas y aportes no declarados, lo que viola la normativa electoral.
Quiénes resultan sancionados
Entre los sancionados están quienes estuvieron a cargo de la campaña en 2022:
• Ricardo Roa — gerente de campaña en 2022 y en la actualidad presidente de la estatal Ecopetrol.
• La tesorera de campaña, la auditora, y los partidos políticos que apoyaron la candidatura: Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
No obstante, el presidente Petro no fue sancionado directamente: por su fuero constitucional, la investigación quedó limitada a la campaña misma, no al mandatario.
Qué implica la sanción
• Esta es la primera vez que en Colombia una campaña presidencial es sancionada formalmente por violar topes de financiación.
• Los sancionados enfrentan multas y deben devolver los montos irregulares, como parte de la sanción.
• Se podría abrir una investigación judicial adicional, pues la ponencia aprobada contempla la remisión de copias a la Fiscalía General.
Conclusión
El fallo del CNE marca un hito en la historia política de Colombia: por primera vez, una campaña presidencial es sancionada por violar los topes de gasto electoral. El veredicto tiene consecuencias económicas para los responsables, y abre un debate sobre transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de campañas. Para muchos, representa un paso hacia mayor control electoral; para otros, una decisión con fuerte peso político y mediático.
