¿Son legales los ataques de EE. UU. en el Caribe y Pacífico?: cronología de la ofensiva

ViveHuila Noticias
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Estados Unidos aumenta sus ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, en los que deja al menos 37 personas muertas. Sus embestidas, que iniciaron hace dos meses en el Caribe, se extienden ahora al Pacífico. La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, tildó esas acciones como “ejecuciones extrajudiciales” que deben ser investigadas. ¿Son suficientes las justificaciones de Donald Trump? Hacemos un repaso por los hechos que elevan los cuestionamientos sobre violaciones a la soberanía  y del derecho internacional, así como las respuestas de Colombia y Venezuela.

Las críticas no detienen los ataques de Estados Unidos contra lanchas en aguas cerca a centro y Suramérica que justifica con una lucha contra el narcotráfico, mientras aumentan las muertes de personas.


En lo que parece ser una extensión de su ofensiva, las alarmas se volvieron a prender el miércoles cuando el Gobierno de Donald Trump anunció que perpetró dos ataques más, esta vez en el Pacífico. Los siete asaltos anteriores habían ocurrido en el Caribe y ahora, en total, sus acciones dejan al menos 37 personas muertas.

Mientras Washington califica a los muertos como “narcoterroristas”, los gobiernos de Colombia, Venezuela y las familias de hombres de Trinidad y Tobago que aseguran murieron en esos asaltos sostienen que se trata de pescadores y trabajadores humildes. EE. UU. sigue sin mostrar públicamente pruebas que respalden su versión de que se trata de navíos que intentaban transportar drogas hacia su país.

Pero aun si se tratara de narcotraficantes, ¿está EE. UU. legalmente facultado para asesinarlos en vez de detenerlos?


La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló que se trata de “ejecuciones extrajudiciales”.

“Los ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el caribe y el pacífico constituyen ejecuciones extrajudiciales. Sean o no narcotraficantes, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza. Estos hechos deben ser juzgados y sancionados”, afirmó Goebertus.


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