La jornada que busca definir candidatos para presidencia, Senado y Cámara. Infringir norma de comercio y consumo de bebidas alcohólicas se castiga fuertemente.
El próximo domingo 26 de octubre, la jornada electoral en Colombia estará marcada por las consultas interpartidistas convocadas por el Pacto Histórico. Este mecanismo tiene como objetivo principal definir el precandidato presidencial único de la coalición y determinar las listas cerradas para el Senado y la Cámara de Representantes de cara a las elecciones generales de 2026.
Si bien se trata de un proceso interno de una colectividad, la logística y la movilización ciudadana que implican estas votaciones son equiparables a las de una elección ordinaria, lo que lleva a las autoridades locales a evaluar la posible necesidad de decretar medidas excepcionales de orden público, como la Ley Seca, para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Para esta ocasión, la medida, que busca prevenir alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad en los puestos de votación, queda a potestad y discrecionalidad de cada alcalde o gobernador en su respectiva jurisdicción. La decisión se toma tras una evaluación detallada de los comités de orden público locales, donde se analiza si existen riesgos o alertas de seguridad que justifiquen la restricción a la actividad comercial y el consumo de licor.
Hasta el momento, la mayoría de las capitales y ciudades principales del país han optado por no imponer la restricción de la Ley Seca con motivo de la consulta del Pacto Histórico. Este panorama refleja una tendencia a evitar el impacto económico que esta prohibición causa en sectores como el comercio, el turismo y la gastronomía, los cuales han argumentado históricamente las pérdidas millonarias que implica restringir la venta de alcohol durante un fin de semana.
Sin embargo, el municipio de Rionegro (Antioquia), ha decretado la Ley Seca para la jornada del 26 de octubre, la cual irá desde el 25 de octubre a las 6:00 p. m. hasta el lunes 27 de octubre a las 6:00 a. m. Esta decisión subraya el principio de autonomía territorial en la toma de estas medidas y demuestra que cada administración local evalúa sus condiciones particulares.
