El exdirector General del Incoder, Rey Ariel Borbón y quien fuera su secretario General Mauro Rodrigo Palta Cerón, declararán como testigos de excepción por la fallida terminación del distrito de Riego Tesalia-Paicol.
Según la Contraloría General de la República, los dos funcionarios, como gestores fiscales tendrán que explicar los pormenores que rodearon el desarrollo del segundo contrato, firmado en las postrimerías del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (ya liquidado).
Por este caso responden actualmente las empresas españolas Marco Obra Publica SA, sucursal Colombia, la Constructora de Obras Municipales (Comsa SA) y los contratistas regionales y nacionales, integrantes del consorcio Tesalia 2014.
La decisión está contenida en el Auto N°1797 de 2022 firmado por la contralora Delegada Intersectorial N°3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Soraya Vargas Pulido.
Sin embargo, Borbón Ardila, aseguró que no ha sido notificado de esta citación, pero advirtió que concurrirá a dar las explicaciones que sean pertinentes.
“De hecho, a mí me correspondió presentar las acciones legales por los incumplimientos y las denuncias sobre algunas anomalías que advertimos en ejercicio del cargo”, anotó.
“No tengo ningún reparo en atender todas las citaciones que me hagan los organismos de control, como ya lo hemos hecho frente a los graves tropiezos que encontramos cuando llegamos a esa alta posición”, afirmó.
Paradoja
La obra, declarada por el Gobierno de “importancia estratégica nacional” (Conpes 3556 de 2008) ha demandado recursos por 227.324 millones de pesos invertidos en los últimos 13 años. Y sigue paralizada.
Aunque parezca increíble, para terminarla y ponerla en operación, tal como fue diseñada, se requiere una inversión similar. Pero lo más grave: hasta el momento no hay recursos para ejecutar las obras restantes, cuantificadas en un nuevo estudio de consultoría que contrató el pasado Gobierno.
Según el último informe de seguimiento realizado por la Contraloría, la obra diseñada para irrigar comprendía una extensión de 3.273 hectáreas reporta un avance del 79.5% con una inversión realizada de más $193.990 millones, en su primera fase constructiva, que finalizó en el año 2018, como resultado de la ejecución de los contratos de obra 695 de 2009 y el contrato de obra 0939 de 2014. No incluye las interventorías ni los costos de la consultoría.
El Contralor General de la República (Auto No. 0001 de 2021) declaró de impacto nacional este caso y lo reasignó a la Dirección de Investigaciones Especiales, donde actualmente se tramitan los procesos de carácter fiscal.
Supuestas omisiones
A pesar de los esfuerzos realizados para refinanciar el proyecto, los dos funcionarios, tendrán que dar las explicaciones.
La contralora Delegada Intersectorial Soraya Vargas Pulido confirmó que en este asunto hubo omisiones en la fecha de estructuración y celebración del contrato No. 0939 fue determinante en la causación del daño que se investiga. “Como gerente general de dicha entidad y ordenador debía velar para que el proceso precontractual y contractual estuviera precedido de un sólido y fundamentado proceso de planeación, situación que se omitió, lo que generó que no se cumplieran los fines estatales determinados con la celebración del contrato”.
Borbón salió del cargo, por efectos de la liquidación del Incoder a finales del 2015.
“Antes me correspondió adelantar las acciones contra los contratistas y adelantamos las primeras gestiones para defender los recursos públicos. Por esas denuncias hoy se surten varias investigaciones que impulsamos desde el Incoder”, afirmó Borbón Ardila.
Liquidador
Además, citó al secretario General Mauro Rodrigo Palta Cerón, quien luego se desempeñó como liquidador de dicha entidad. Palta Cerón, suscribió, en su calidad de Secretario General, los contratos de obra N°0939 e interventoría de este último N°0938, ambos del 2014, origen de la investigación fiscal.
En ejercicio de estos dos cargos, Palta Cerón incurrió también enserias omisiones, según lo anunció la agente fiscalizadora. “No verificó si la etapa precontractual y la planeación del contrato se encontraba ajustada para su debida ejecución. Tampoco hizo el debido seguimiento y vigilancia que le correspondía como Secretario General y Liquidador de dicha entidad para evitar el daño establecido en esa causa fiscal”.
Versión libre
En estas condiciones, la Contraloría General de la República encontró procedente la ampliación de la indagación a todos quienes participaron como gestores fiscales en la planeación, celebración, ejecución y subrogación del contrato 0939 de 2014.
Por estas supuestas omisiones, la funcionaria, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales vinculó a todos los contratistas (integrantes del consorcio), a los interventores y supervisores. Adicionalmente, adelanta otro proceso por el primer contrato, ejecutado por un consorcio del que hacían parte los hermanos Manuel y Miguel Nule.
Primer descalabro
El primer contrato No. 695 fue adjudicado el 5 de noviembre de 2009 al consorcio Interriego conformado por las firmas Mondragón Soluciones con el 53 % y H&H Arquitectura (asociada al Grupo Nule) con el 43%.
El primer contrato ascendió a 78.652 millones de pesos con un plazo de ejecución de 25 meses. La obra inició el 19 de febrero de 2010 en pleno escándalo por el ‘Carrusel de la Contratación en Bogotá’.
El conglomerado, centro del escándalo de corrupción, admitió las dificultades financieras, lo que repercutió en la ejecución de la obra, varias veces suspendidas.
Según el cronograma, el proyecto debía entrar en operación en junio de 2011. Sin embargo, quedó a media marcha. El contrato quedó ejecutado en un 47%.
El contrato fue cedido para facilitar su terminación, pero no logró despegar. El 4 de marzo de 2014, expiró el plazo final contractual y en consecuencia se ordenó su liquidación.
Después de nueve años los primeros contratistas no han reintegrado 16.191 millones de pesos, sin intereses, que cobraron por obras que nunca ejecutaron. Por este primer contrato, se adelanta un juicio de responsabilidad fiscal, además de acciones judiciales administrativas.
Segundo contrato
El 22 de diciembre de 2014, el Incoder, al borde de la liquidación anunció una nueva inyección económica para terminar la obra y, en consecuencia, firmó un segundo contrato con el consorcio Tesalia 2014.
El contrato de obra 0939 lo adjudicó el director General del Incoder, Rey Ariel Borbón, como un compromiso con sus paisanos para terminar el proyecto, que sería según lo anunció el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, el último que financiaría el Gobierno Nacional.
Borbón Ardila, creyendo que esta vez podría terminar la obra, sin duda, advirtió que el proyecto dejaría de ser un “elefante blanco” y se comprometió a entregarlo en funcionamiento en diciembre de 2015. Luego se trasladó hasta el occidente del Huila y firmó ante la comunidad el nuevo contrato que contemplaba una inyección económica de 85.000 millones de pesos.
“El contrato fue adjudicado, quedó legalizado y entró en plena ejecución con un plazo de ejecución de doce meses”, afirmó en noviembre de 2014, días antes de entregar el cargo que culminó el 6 de diciembre de 2015. Pero se equivocó.
El compromiso que asumió el consorcio Tesalia 2014 para terminar la obra en esa fecha tampoco se cumplió.
El plazo de ejecución era de 12 meses que se vencieron en diciembre de 2016.
Un fiasco
El contrato resultó un fiasco. Tuvo un costo inicial de 81.553 millones de pesos. Sin embargo, con las adiciones, la inversión total superó los 114.353 millones de pesos, el 26,74% más de lo presupuestado inicialmente.
El contratista tenía un plazo de 12 meses. Sin embargo, en el proceso de ejecución el plazo se amplió infructuosamente a tres años y nueve meses y no logró terminarlo.
Durante la ejecución, la Contraloría develó varias anomalías que son objeto del proceso de responsabilidad fiscal al que vincularon al ex director del Incoder (ya liquidado) y a su antiguo Secretario General.
Entre las anomalías, aparece el indebido reconocimiento de mayores cantidades de obra, transporte y doble pago de actividades ataguías, cercas y ramales, sobrecostos en actividades de explanación y excavación en roca en la llamada ‘zona del infierno’ y otras inconsistencias, aun sin aclararse, en la adquisición de materiales no instalados, ni utilizados en la ejecución de las obras del distrito de riego.
Por estos hechos, la entonces Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario abrió la indagación preliminar (Auto No. 015 del 15 de julio de 2020).
Por este segundo contrato, responden en esta causa fiscal, los contratistas, interventores y todos los supervisores que participaron en el proceso contractual, lo mismo que en las múltiples adiciones y modificaciones posteriores.
Obras pendientes
La Agencia de Desarrollo Rural, sucesora procesal del Incoder, contrató un nuevo estudio de consultoría, para determinar las obras que hacen falta para la terminación del proyecto.
El contrato de consultoría fue suscrito en Neiva el 10 de noviembre de 2020 por la presidenta anterior de la Agencia de Desarrollo Rural Ana Cristina Moreno y el Consorcio Diseños TP representado por Michel Alexander Cifuentes.
El contrato inicial costó 2.414 millones de pesos. La contratación fue realizada a través del Patrimonio Autónomo de Findeter (PAF) cuyo vocero y administrador es la Fiduciaria La Previsora.
La interventoría técnica y financiera por 916 millones se contrató con el Consorcio Interventoría Riegos representado por Fernando José Manjarrés Cabas.
Según la información suministrada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) las obras faltantes corresponden a la estructura de captación, así como obras complementarias de estabilización de margen derecha río Negro de Narváez.
El contrato fue liquidado en septiembre del 2022, sin que se conozcan hasta el momento los resultados del estudio.
Según el gobernador Luis Enrique Dussán, las obras restantes sumarían por lo menos 200 mil millones de pesos.
El secretario de Agricultura, Dilberto Trujillo anunció que la entidad entregará en los próximos días los detalles de la consultoría, para buscar nuevas alternativas de financiación.
