Tras una extensa audiencia virtual, que se cumplió durante la mañana de ayer, el Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva revocó en segunda instancia, la medida de aseguramiento de casa por cárcel que había sido impartida contra el alcalde Gorky Muñoz Calderón.
Es de recordar que el 28 de junio del año en curso el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías, en primera instancia le impuso al mandatario de los neivanos la medida de aseguramiento de manera preventiva en su residencia.
El alcalde de Neiva es investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del 2020 en el municipio, por valor de 5.250 millones de pesos para 105 mil raciones dirigidas a estudiantes de la zona rural y urbana de la capital huilense.
Tras esta decisión del Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Gorky Muñoz, acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades, seguirá ejerciendo su cargo y podrá defenderse en libertad pues continuará vinculado al proceso.
Las pruebas
De acuerdo con el ente acusador, tanto el operador seleccionado, como el interventor, para el PAE en 2020, procedentes de El Charco, Nariño, compartían cargos entre sus órganos directivos y la misma sede.
El fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Durán Cujar, sostuvo que el alcalde Muñoz Calderón se interesó “indebidamente” en la tramitación, en la celebración, en la ejecución y en la liquidación, del contrato de suministro 698 del año 2020, que consistía en la adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El contrato por valor de 5.250 millones de pesos fue suscrito con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando Colombia), cuyo domicilio se encontraba en el municipio de Tumaco (Nariño).
Sostuvo el fiscal que el mandatario neivano no solo se interesó en el contrato del PAE sino que también se comprometió con el contrato 703 del 2020 de interventoría que implicaba un continuo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico para garantizar la correcta ejecución y liquidación del contrato PAE. “Se interesó indebidamente en un segundo contrato, este ya de interventoría para que se ejerciera vigilancia y control integral de la orden de suministro”.
Precisó el delegado del ente investigador que el contrato de interventoría tuvo un valor de 300 millones de pesos y fue adjudicado a la fundación Colombia Florece ubicada también en el municipio nariñense de Tumaco. “Bajo este contexto se tiene que el Secretario de Educación de Neiva, junto con sus dos asesores jurídicos vinculados a esa cartera municipal, habrían puesto a disposición del Alcalde estos dos contratos con el propósito, con el fin de favorecer los intereses de Haiden Otoniel Vergara Quiñonez”.
Indicó el fiscal que la contratación del municipio de Neiva era el reflejo de la retribución hacia ese particular Vergara Quiñonez, “quien habría contribuido económicamente a la campaña política del señor Alcalde”.
Además, el funcionario judicial aseguró que se pudo también identificar que se vulneró al menos en una oportunidad el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, por cuanto el interventor fungía así mismo en calidad de asociado de la fundación Asoformando Colombia en cargada de la ejecución del PAE.
Fuente : La NACION
