Insólito. Después de nueve años el escandaloso episodio, avanza presuroso hacia la cesación de la acción penal. Conductas como falsedad en documento privado quedaron sin castigo.
Cuando se creía que ayer se cumpliría una de las últimas audiencias previas a la sentencia, la audiencia tuvo que aplazarse otros tres meses, por supuestos problemas de conectividad.
El abogado Helber Mauricio Sandoval, apoderado de víctimas, advirtió de nuevo la ocurrencia del fenómeno de la prescripción, lo que significaría que algunas de estas conductas se quedarán sin castigo.
Los implicados entre ellos la antigua asistente contable, Claudia Liliana Espitia son procesados por el presunto delito de hurto agravado y falsedad en documento privado. Esta última conducta prescribió en diciembre pasado, según las cuentas oficiales.
Aun, así la prescripción prosiguió su curso presuroso, sin ninguna barrera que logre atajar su impetuoso cauce.
“En casi dos años solo se hicieron dos audiencias. La prescripción en algunas conductas está operando”, recordó Sandoval Cumbe, al reclamar celeridad.
Desde agosto del año pasado se reprogramó para el 16 de noviembre y luego para el 17 de febrero de 2022 pero debió suspenderse, esta vez porque el apoderado no pudo conectarse a la audiencia virtual.
A pesar del acelerado avance de la prescripción, como lo recalcó el apoderado de víctimas la diligencia fue reprogramada para el 12 de mayo próximo.
Robo continuado
El escándalo estalló el 7 de noviembre de 2013 durante una asamblea general convocada extraordinariamente por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello, quien reportó las anomalías contables y contractuales encontradas durante una auditoría.
La contadora denunció el pago de órdenes de servicios, sin ningún soporte por obras no ejecutadas, adjudicadas a dedo a un empleado de la institución. Los pagos objetados correspondían a 127 obras realizadas, aparentemente ficticias. El proceso por estas irregularidades en la ejecución de obras y adecuaciones fue archivado en el 2015.
No obstante, el rector de Corhuila Roque González Garzón, recién nombrado y posesionado puso al descubierto la otra cara del fraude financiero.
El académico denunció numerosos giros irregulares realizados por funcionarios del equipo de contabilidad, con soportes falsos.
Defraudación
González Garzón, denunció ante la Fiscalía un desfalco calculado inicialmente en por lo menos 8.000 millones de pesos. No obstante, en el expediente el faltante en bancos, debidamente certificado por las entidades financieras involucradas fue establecido en 1.889, 48 millones de pesos.
De acuerdo con los soportes obtenidos por LA NACIÓN, el equipo contable expidió en forma fraudulenta 391 cheques.
De estos, 332 corresponden a una cuenta corriente del Banco Caja Social, y 59 más a otra cuenta corriente de Bancolombia.
Los títulos valores fueron expedidos manualmente entre septiembre de 2012 y abril de 2013, aprovechando una falla técnica, como lo declaró el principal testigo, encargado de manipular el sistema contable.
Confabulación
Uno de los auxiliares contables, quien confesó y se acogió a sentencia anticipada, admitió la confabulación en la que participó Claudia Liliana Espitia Garrido y otras personas, entre ellas la tesorera Sandra Liliana Flórez Tique, quien entregó a la Fiscalía las copias de las transacciones fraudulentas.
El único condenado fue el encargado de ingresar manualmente los títulos falsos al sistema contable, utilizando el aplicativo “Doors”. Lo hacía usando las claves personales y el usuario del software de gestión que le habían asignado.
En esa época la institución, a pesar de su desbordado crecimiento, carecía de sistemas corporativos de seguridad informática lo que facilitó el robo financiero. Una falla en el software, al parecer inducida, facilitó toda la operación de saqueo de los recursos.
Así robaban
Los demás miembros del equipo contable, se encargaron de sincronizar los movimientos financieros fraudulentos; inventaron los beneficiarios, organizaron y diligenciaron las cuentas de cobro ficticias. Además, expidieron los cheques institucionales utilizando indebidamente las diversas cuentas de Corhuila.
Según la investigación, los sellos que usaron para refrendar los cheques no eran los oficiales y simularon la firma del ordenador del gasto, en este caso del rector de la época Virgilio Barrera Castro. LA NACIÓN tuvo acceso a una parte de esa información reservada, que soportan hoy el proceso penal, en serios aprietos.
Los documentos contables y los títulos valores fueron cotejados por el contador Nelson Enrique Hermida, especializado en auditoría forense.
Prueba contundente
“En los documentos aparecía la firma y la huella de Claudia Liliana Espitia. Era una huella nítida, apta para estudio. Analizada la impresión dactilar junto a la firma y cédula se concluye que estas corresponden a la señora Espitia Garrido”, confirmó Rosa Fanny Quimbaya, experta en grafología forense.
La funcionaria fue la encargada de la verificación de los títulos valores en cadena custodia.
“No hay duda que se trata de la huella de la procesada. Se encontraron once puntos de coincidencia. Hay certeza plena que el registro dactilar corresponde a la misma persona, no hay ninguna posibilidad que las huellas examinadas correspondan a otra persona”, precisó el informe técnico.
Los cheques originales suministrados por los bancos reposan actualmente en el almacén de evidencias de la Fiscalía, como pruebas irrefutables que incriminan a los procesados.
El cerebro
Espitia Garrido, nombrada como auxiliar contable era la encargada de suplantar la firma del rector de la época Virgilio Barrera, les colocaba el sello, también falso, y luego los hacía efectivos.
Los cheques expedidos irregularmente eran cobrados por Espitia Garrido o endosados a terceras utilizados para retirar los dineros de las sedes bancarias, sin ningún reparo.
“Las firmas estampadas en la totalidad de los cheques girados y cancelados fraudulentamente, eran falsas, pues no correspondían al señor Virgilio Barrera Castro, quien era para la época de los hechos era el representante legal de la referida institución universitaria. En igual sentido, se adujo respecto de los sellos de Rectoría”, precisó la juez Quinta Penal del Circuito Olga Lucía Becerra quien conoció la primera fase de la investigación penal.
Circular roja
Una vez se destapó el escándalo, la implicada huyó a España y luego se radicó en Estados Unidos, donde supuestamente permanece. Aunque tiene Circular Roja expedida por Interpol se desconoce su paradero. La Fiscalía solicitó a Interpol la circular roja, pero de nada sirvió.
Según versiones oficiales, Espitia Garrido, se habría radicado en la localidad de Medley, en el condado de Miami-Dade en el estado de la Florida. Su paradero es hoy un misterio.
La ex funcionaria es procesada en contumacia (antes reo ausente) al negarse reiteradamente a comparecer a las diligencias judiciales a la que ha sido convocada.
La Nación
