Escándalo militar sepultado en Procuraduría: inflaban pagos a informantes y sacaban tajada

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Noticias Caracol revela el expediente secreto, archivado pese a incluir graves denuncias contra oficiales y cuando Margarita Cabello ya estaba en cabeza de la entidad. La funcionaria guarda silencio.

Noticias Caracol revela el escándalo militar sepultado en procuraduría. Hace pocas semanas, esta entidad, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, emitió una decisión que podría enterrar uno de los más graves casos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar.

En un auto del 4 de mayo, la sala disciplinaria archivó un proceso que involucraba a un general y dos coroneles, y en el que también se mencionaba a un puñado más de militares, entre ellos el general retirado Juan Pablo Rodríguez, quien fue comandante de las Fuerzas Militares.

Aunque para la Procuraduría, las evidencias fueron insuficientes, lo cierto es que el expediente deja muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento de las más altas esferas de la inteligencia colombiana, que las autoridades no han sido capaces de esclarecer.

El comando de contrainteligencia de las Fuerzas Militares recogió las declaraciones de decenas de funcionarios, oficiales y suboficiales, que fueron sometidos al polígrafo, y evidencias documentales que apuntan a que en la extinta Regional de Inteligencia Estratégica Militar (RIMEC) se desviaron los dineros de los gastos reservados entre 2016 y 2017.

Es decir, la plata para pagar las fuentes humanas que entregan valiosa información para la defensa del Estado terminó usada en gastos personales de oficiales o en asuntos ajenos a su destinación de ley. En un episodio muy grave, también se investigaba si ese dinero fue usado para comprar herramientas de espionaje y si importantes defensores de derechos humanos, funcionarios del Gobierno y hasta generales de la República fueron víctimas de esos seguimientos ilegales. Esa investigación quedó en ceros en la Procuraduría.

Uno de los interrogados de más alto rango fue el coronel Francisco Rodríguez Piramanrique, jefe de la RIMEC entre 2015 y 2016. Entre otras cosas, el oficial aseguró que le entregó de forma irregular dinero de gastos reservados al general retirado Martín Nieto, quien hasta 2017 fue comandante de Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de las Fuerzas Militares.

El coronel Rodríguez aseguró: “mi general estaba viajando en esa época a La Habana. Eso era una aspiradora de plata… Una vez me llamó y me dijo: ‘necesito 2.000 dólares, nos toca irnos ya para Cuba como un mes y no nos han dado recursos’… y qué tocaba, pues dar los 2.000 dólares”.

El general Nieto, junto a los coroneles John Ortiz Soto y Alexánder Parga Rincón, fue imputado por la Procuraduría en agosto de 2018. Esa actuación luego fue anulada por la misma entidad, durante la administración de Fernando Carrillo, al considerar que en el proceso les afectaron sus derechos.

El coronel Rodríguez Piramanrique también explicó cómo funcionaban las presuntas operaciones para desviar los dineros de los gastos reservados. En esencia, dijo, inflaban pagos a fuentes de información y, de esos rubros, sacaban una tajada que él le entregaba a sus superiores. Es decir, falsificaban los reportes de pagos de información.

“Me acuerdo una vez que me llamó mucho la atención y porque esa sí fue directamente la orden de mi general, dijo ‘hay que darle tanta plata, entrégueselo a mi coronel Parga, ocho millones’. Me tocó, aunque la producción que dio no daba para ello. Entonces qué me tocó hacer. De otras fuentes saqué para completar, ‘vea señor Parga, tome sus ocho millones’ (…) Entonces ya nos tocó fue con otros informes de otras fuentes empezar a cubrir el gasto”.

El mismo coronel reconoció que este tipo de actuaciones eran ilegales: “es algo que desde arriba ya está ordenado, protegido, avalado, a pesar de que se sabe que no es el deber ser de las cosas, que no hay un manual de gastos reservados que lo diga, que no hay una ley”.

Pese a que hay decenas de declaraciones de implicados directos en los que detallan supuestos actos irregulares de manera concreta, la Procuraduría le restó contundencia al caso. El ente dijo: “(...) al someter los testimonios al tamiz de la sana crítica, encuentra esta Colegiatura que varios de ellos se configuran a partir de testigos de oídas, pues refieren que lo testimoniado obedece a lo que escucharon en algunas reuniones, pero que no están en condición de asegurar dichas situaciones porque algunos de los eventos no les constan”.

El sargento John Jairo Ramírez, exagente de control de la RIMEC, aseguró que parte de un supuesto pago de información en el que participó, terminó yéndose para financiar la escolta del general Nieto. “Siete millones dicen que eran para mi general Nieto, para la escolta, que 4 millones para no sé qué hijuemadre y seis que para no sé. Más o menos se devolvían como 10, 12 millones”, aseguró el militar. Y explicó que se reportó un pago inflado a una fuente de información para obtener el dinero que debían devolver.

Otra de las razones expuestas por la Procuraduría para cerrar el caso es que al parecer no había evidencia suficiente para cuantificar los montos de los dineros desviados. En el auto con el que archivó la investigación, el ente aseguró que “no se concretó a ciencia cierta cuál fue la cuantía de los dineros desviados y/o apropiados, de tal manera que fuera posible determinar un posible detrimento patrimonial”.

Sin embargo, varios agentes de inteligencia hicieron cuentas de los dineros que sacaron de los gastos reservados. Una de ellas fue la teniente Diana Rey Morales, entonces comandante de la compañía Huila de la RIMEC, quien contabilizó mes a mes los millones que le devolvió a sus superiores durante 2017.

Por su parte, el coronel Rodríguez Piramanrique hizo cuentas del dinero que le entregó al J2, es decir, a la dirección de inteligencia a cargo del general Nieto, y que sumaban alrededor de 180 millones de pesos. También habló de dos entregas al general Juan Pablo Rodríguez, quien fue comandante de las Fuerzas Militares entre 2014 y 2017.

Una de las declaraciones más graves de los mismos militares es que para justificar el dinero de los gastos reservados se habrían inventado fuentes falsas que supuestamente recibían los pagos.

El sargento Andruz Galindo Orjuela narró uno de esos episodios, protagonizado por un excapitán que decía tener contactos claves con militares venezolanos:

“Llegó con eso, con una historia asombrosa que no sé por qué se la creyeron si en estos niveles de la inteligencia tan bueno no dan tanto. Supuestamente venía de permiso en la ruta Cali – Bogotá, en un Expreso Bolivariano se le sentó al lado una mujer y, después de crear confianza con ella, le dijo que era la hija de un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y que quería vender información en Colombia porque él era supuestamente el webmaster del Comando Operacional a nivel de protección”.

En su declaración, el sargento Galindo continuó relatando el episodio: “después de eso, se hicieron unas entregas de información pues obviamente, y como es en general evaluar la información y vio que era oportuna y que servía para las actualizaciones de las hipótesis a Colombia, por eso se le generan unos pagos y etc. Bueno y supuestamente como dice ahí, iba a entregar o entregó un plan llamado Centauro negro, que es un plan de los venezolanos, plan militar y ahí comenzaron como las dudas”.

Finalmente, tras recibir pagos, el excapitán fue descubierto. “Entonces ordenó que le hiciera yo una ingeniería social para confirmar o desvirtuar que existiera la fuente. Después de menos de un mes se pudo confirmar que la fuente no existía”, dijo Galindo.

El mismo sargento explicó que uno de los modos de desviar recursos era presentando información obtenida en internet como si la hubieran entregado fuentes humanas a las que había que pagarles: “entonces, hay unos señores que se inventan todas esas historias asombrosas que conocen el modus operandi, que conocen o contactan comunidades de hackers, sacan una información y maquillan un pasquín para que... para que firme o para que, mejor dicho, para que todo tenga la trazabilidad y el expediente exista. O sea en papeles existe la fuente, pero realmente no existe”.

Algo similar contó el sargento John Jairo Ramírez: “como no había fuentes casi humanas, sino por ahí 2, 3 huevones raspachines. Entonces, ¿qué hacían? Cogían la información, lo que sacaban del hackeo y decían: ‘tome Villavicencio, tome Neiva y tome Cris. Hermano, saquen lo que sirva de ahí y busquen la fuente y métanme las fuentes y legalicen los recursos’”.

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