Pero la Corte Constitucional anunció que este decreto emitido por el Gobierno Nacional debía tumbarse, por el hecho de que no estaba firmado por todo el gabinete de ministros.
Según La FM, la Sala Plena fue la encargada sacar de la mesa el decreto 580 que habla de las medidas en cuanto a los servicios de acueducto, alcantarillado, entre otros, con la idea de llevar unos alivios a los colombianos en medio de la emergencia que deja en Covid-19.
Aunque Alberto Rojas Ríos, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, explicó que el decreto se acoplaba a la Constitución de la República, los demás magistrados no consideraron lo mismo.
Para los magistrados de la Corte existe una inconstitucionalidad en el decreto porque faltan las firmas de Fernando Ruíz Gómez, ministro de salud, y de Mabel Gisela Torres, ministra de ciencia, tecnología e innovación.
Además, no existe una justificación que explique la ausencia de sus firmas en el documento, por eso el presidente de la Corte Constitucional solicita que se corrija ese error.
Este decreto otorgaba alivios para los estratos 1,2,3 y, hasta ahora, sería aplicado hasta el 31 de diciembre del 2020.
La idea con el decreto es que las empresas de servicio público, en conjunto con las alcaldías y gobernaciones, decidieran pagar un porcentaje de la deuda en el recibo o, incluso, proponía el pago a través de cómodas cuotas.
Aunque en muchos casos, algunas familias salían beneficiadas con el pago total de su deuda en los servicios públicos.
Incluso, este decreto explicaba que no se les podría cortar los servicios a aquellos ciudadanos con falta de recursos económicos para cancelar su deuda. Por esa razón se llegaría a un acuerdo entre las partes para cancelar en cómodas cuotas.
