Candidatos a ocupar el primer cargo popular en ese municipio se quejaron por la constante negativa del ejecutivo de permitirles llevar a cabo sus actividades de campaña utilizando escenarios de uso publico como el parque principal o las calles del municipio.
A la negativa de permitir la fijación de pasacalles alusivos a las campañas políticas que se hizo efectiva la noche del 8 de agosto con el desmonte de varias de esas piezas, se sumó la imposibilidad para que una de las campañas en contienda pueda desarrollar un campeonato deportivo en las canchas veredales del municipio.
Sin embargo, esa tendencia que ya muchos lideres y habitantes de Timaná catalogan como extrema y carente de plenas garantías para el desarrollo normal de las actividades proselitistas se hizo evidente durante las últimas horas con la rotunda negación de parte del ejecutivo en cabeza de Juan Bautista Rojas Parra a través de la secretaria general y de gobierno de permitir el uso del parque principal, las calles o cualquier otro escenario de uso público para un evento al que estaba invitado el expresidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez el próximo sábado 12 de octubre a las 3:00 p.m.
El argumento del gobierno municipal se basa en la Ley 996 de 2005 y la circular 007 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación en la que se determinan aspectos a tener en cuenta durante el periodo de vigencia de la Ley de garantías electorales.
Las campañas afectadas acusan al gobierno municipal de interpretar erróneamente la normatividad fijando acciones que atentan contra el derecho que tienen los candidatos, partidos políticos y electores de contar con las condiciones mínimas en el desarrollo de las actividades propias del debate electoral.
Indicaron que no se explican como en el caso de la negativa de permitir el uso del parque principal, las calles o los escenarios de concentración masiva de personas, en otros municipios inclusive donde personas vinculadas al gobierno timanense en calidad de candidatos si hayan podido hacer uso de los escenarios públicos no institucionales, soportando la posición en una interpretación subjetiva atentatoria contra las garantías a que tiene derecho la comunidad.
Por: Hector Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
