El presidente Gustavo Petro ordenó detener el intercambio de información con agencias estadounidenses luego de los bombardeos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe. Washington aún no confirma su participación directa.
Edición: Diana Valentina Castro Murcia
El presidente Gustavo Petro ordenó suspender de manera inmediata la cooperación de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, tras los recientes ataques aéreos en aguas del Caribe que dejaron decenas de muertos y destruyeron varias lanchas presuntamente usadas para el tráfico de drogas.
“Mientras no exista claridad sobre quién ordenó los bombardeos y bajo qué autoridad se realizaron, no habrá intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos”, declaró Petro en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Según reportes internacionales, los ataques se habrían producido cerca del archipiélago de San Andrés y Providencia, una zona donde operan redes de narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno colombiano aseguró no haber autorizado ninguna acción militar extranjera en su territorio marítimo.
La decisión marca un nuevo punto de tensión diplomática entre Bogotá y Washington, aliados históricos en la lucha contra las drogas desde los años noventa.
Washington guarda silencio
La Embajada de Estados Unidos en Colombia evitó confirmar o desmentir la participación de sus fuerzas en los hechos, aunque manifestó su disposición a cooperar en la investigación. En un breve comunicado, voceros del Departamento de Estado señalaron que ambos países mantienen una “alianza sólida y basada en el respeto mutuo”.
Un golpe a la cooperación antinarcóticos
Colombia y Estados Unidos mantienen desde hace más de dos décadas una estrecha colaboración en operaciones de inteligencia y vigilancia marítima, enfocadas en detectar cargamentos de cocaína y desmantelar redes de tráfico.
Expertos advierten que la suspensión podría afectar temporalmente las operaciones conjuntas de interdicción en el Caribe y el Pacífico, y reducir la eficacia del intercambio de información sobre rutas y embarcaciones ilegales.
“Es una decisión de alto impacto simbólico y operativo. Colombia está enviando un mensaje de soberanía, pero también arriesga la efectividad de sus operaciones marítimas”, explicó el analista de seguridad Carlos Patiño, de la Universidad Nacional.
El mandatario ha reiterado su intención de replantear la estrategia de lucha contra las drogas, enfocándola en derechos humanos, justicia ambiental y desarrollo rural.
“La lucha contra las drogas no puede convertirse en una guerra contra los pueblos del Caribe”, afirmó.
Petro ha cuestionado en varias ocasiones los métodos militares empleados en operaciones antinarcóticos internacionales, sosteniendo que la erradicación forzosa y las acciones armadas no han resuelto el problema de fondo.
De acuerdo con Reuters y Associated Press, al menos 75 personas habrían muerto en los ataques reportados, aunque las cifras no han sido verificadas oficialmente por el gobierno colombiano.
La decisión de Bogotá llega en un momento de creciente debate en América Latina sobre el papel de Estados Unidos en las operaciones antidrogas regionales y el respeto a la soberanía de los Estados.
