Presuntas presiones y abuso de poder: esposa del ministro de Salud habría forzado decisiones en contrato millonario del sector
Una columna publicada por el periodista Daniel Coronell en Los Danieles destapó una polémica al interior del Ministerio de Salud: Beatriz Gómez, esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, estaría tomando decisiones fuera de sus funciones legales, presionando a funcionarios e incluso amenazándolos para forzar la firma de un contrato multimillonario.
Gómez, quien ocupa un cargo clave en la Superintendencia Nacional de Salud, habría intervenido directamente en un proyecto destinado a construir un hospital fluvial para las comunidades apartadas del Amazonas. Aunque la ejecución del contrato correspondía al Ministerio y no a la Superintendencia, la esposa del ministro se involucró activamente, al punto de presionar vía telefónica a funcionarios para que firmaran el convenio, según una grabación revelada por Coronell.
La conversación, ocurrida el 27 de marzo, muestra a Gómez diciendo textualmente:
"Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia. Es más de una vez."
Este audio fue grabado por los funcionarios afectados, quienes posteriormente fueron respaldados por Lina Baracaldo, agente interventora del hospital San Rafael de Leticia, quien se opuso a la firma del contrato al considerar que no había garantías suficientes para su operación futura. La Gobernación del Amazonas tampoco respaldaba el proyecto por falta de consulta previa a las comunidades indígenas beneficiarias.
Baracaldo fue retirada del cargo solo días después de la llamada, en una resolución firmada por el superintendente Helver Giovanny Rumiano. En su reemplazo fue nombrada Dennis Amparo Vásquez Arias, cuota política del Tolima, departamento natal del ministro de Salud.
Durante la llamada polémica también estuvieron presentes Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia, y Nayith Arango, contratista de la misma entidad. La presión se ejerció a pesar de que tanto el asesor jurídico Mario Castro como otros funcionarios recomendaron aplazar la firma del contrato hasta garantizar su viabilidad económica.
Cuando Coronell confrontó a Beatriz Gómez sobre los hechos, esta negó la autenticidad de la conversación, alegando que nunca participó en tal llamada. Sin embargo, el periodista afirmó que la voz en la grabación coincide plenamente con la de la funcionaria.
La situación ha desatado un debate sobre los límites del poder de los funcionarios públicos, el nepotismo, y el posible uso indebido de cargos para favorecer intereses personales, todo en el contexto de un contrato que supera los 55.000 millones de pesos y que podría terminar convertido en otro “elefante blanco”.
