La semana pasada el presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que suspendía por 90 días los recursos de cooperación internacional, enviados por Estados Unidos a distintos países, con el fin de que sean sometidos a una auditoría, revisando cuáles se alinean a las nuevas políticas internacionales de ese país.
Entre estos, está los cerca de $15 mil millones enviados por Estados Unidos hacia la JEP, en el marco de los apoyos al proceso de paz y justicia transicional, prometidos por Biden.
Tras la decisión de la suspensión, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno asumiría estos recursos, y aunque no se ha precisado cómo ni de donde saldrán -debido a las dificultades fiscales advertidas por el actual gobierno- desde la JEP se reafirmó que son imprescindibles.
A través de un comunicado público, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, señaló que sin los fondos provenientes de Estados Unidos “es imposible investigar a los exmiembros de las Farc y de la Fuerza Pública”.
Argumentando además, que confía en que “la decisión pueda revertirse” y se trate de algo provisional.
Entretanto, manifestó su expectativa ante la promesa del presidente Petro de colocar los fondos faltantes.