Marla Gutiérrez, una joven activista logró que el juzgado administrativo del Atlántico emitiera una orden que la placa instalada en el Tunel de la Línea, con el nombre del Presidente Duque fuera retirado.
El tribunal ordenó que, en un término de 30 días, la placa debe ser retirada pues, según la denuncia de la abogada Marla Gutiérrez, viola el decreto 2759 del 14 de noviembre de 1997.
La placa incluye el nombre del jefe de Estado y el equipo de gobierno que hizo posible culminar el proyecto, como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, además de Juan Esteban Gil Echavarría, director del Invías; José Ricardo Orozco Valero, gobernador del Tolima, y Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío.
En efecto, dicha ley prohíbe específicamente “la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.
El decreto, firmado por el entonces presidente Ernesto Samper y su ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, prohíbe también “la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales”.
