Un plan para fortalecer a las Comisarías de Familia alista el Gobierno Nacional a través de un proyecto de ley que ayudó a elaborar la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué cambiará? La viceprocuradora, Adriana Herrera, explica.
¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto de ley para fortalecer las Comisarías de Familia en todo el país?
La Procuraduría en el marco de sus funciones preventivas hizo durante el año 2018 una gran vigilancia a las Comisarías de Familia. Encontramos que realmente las Comisarías de Familia son la puerta de entrada de la justicia familiar, porque si bien son entidades administrativas, cumplen funciones jurisdiccionales en materia de violencia intrafamiliar. Estaban en una situación muy compleja, con varios temas, primero, con relación a la estructura y funcionamiento; si bien en todos los municipios tenemos Comisarías de Familia, y en las ciudades grandes tenemos más de una Comisaría, realmente no era posible cuantificar el déficit real que existe en Comisarías de Familia, de acuerdo a la gran demanda que se tiene, y ese fue el primer diagnóstico.
¿Qué más se encontró?
En la planeación territorial, como las Comisarías están en los municipios, su presupuesto y su funcionamiento dependen de las administraciones locales, y no habían estado en los últimos años dentro de las prioridades de la planeación territorial. Igualmente el tema de la vinculación laboral, y el tipo de vinculación y estabilidad tanto de los comisarios de familia, como de sus equipos interdisciplinarios, en donde encontramos que la mayoría de las Comisarías no tenían los equipos interdisciplinarios completos, igual la rotación de personal en las Comisarías. En estos momentos, tenemos 1.273 Comisarías, lo cual nos permite saber el estado actual de las comisarias.
¿Qué otros puntos analizaron?
Estudiamos el nivel jerárquico de los comisarios, se pueden tener comisarios que tienen nivel jerárquico muy alto, como son Bogotá, Medellín, pero hay municipios que el comisario es por prestación de servicios y muchos de esos municipios, tienen una o dos personas, haciendo difícil el funcionamiento de la justicia familiar en los municipios.
¿Qué se hizo tras este estudio?
Entregamos este estudio al Gobierno Nacional, y en el 2019 hicimos un acuerdo con el Ministerio de Justicia para que a partir de esta vigilancia superior que hicimos, trabajáramos conjuntamente en la mesa técnica que tenía el Gobierno, conformada por el Ministerio de Justicia, la Función pública, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Salud, y la Procuraduría en un proyecto de ley, y así con las recomendaciones que hicimos, llegamos a la iniciativa que trabajamos durante un año, y que partió de una evaluación que hizo el Ministerio Público.
¿Qué funciones tienen las Comisarías?
Tienen muchas, y muy complejas, y los Alcaldes y los Concejos les asignan más funciones que no tienen que ver con las Comisarías de Familia, y no pueden prestar bien sus servicios. Construimos el proyecto con comisarios de familia, con organizaciones de mujeres en Bogotá, organizaciones de niñez, tuvimos entrevistas con expertos y salió el primer proyecto.
¿Ya se radicó el proyecto?
El Gobierno presentó ya el proyecto, si bien no recoge todas las recomendaciones, de manera general sí logró consolidar todas estas solicitudes que se hicieron a partir de las reuniones, de las visitas y la vigilancia superior para varias cosas, primero, para reconocer que las Comisarías de Familia conserve sus funciones jurisdiccionales; se les crea un ente rector porque el Ministerio de Justicia que tiene todas las competencias en materia de ente rector, no tenía una relación directa con las Comisarías, porque no estaba como ente rector, entonces, se determina que sea el ente rector para efectos de los temas jurisdiccionales y, además, que administre un gran sistema de información para todas las Comisarías de Familia que permita conocer en tiempo real los históricos de las estadísticas de gestión de las Comisarías.
¿Cómo queda el tema estructural?
Se define una estructura básica y obligatoria para conformar las Comisarías de Familia, de tal manera que cuenten con los equipos básicos para que puedan operar. También se propone, aunque el proyecto cambió el tipo de vinculación de los comisarios de familia, lo que proponía la Procuraduría es dejarlos estables y con salarios adecuados a sus funciones, en ello el proyecto estableció un periodo de libre nombramiento. Lo que encontramos es que estos funcionarios que son técnicos tengan unos salarios adecuados, y por eso habíamos propuesto que fueran de carrera, y ahí hay una discusión con la función pública que dicen si son de carrera no pueden ser de nivel directivo, en esa medida hay que buscar otra solución para que sean estables.
Redacción: La nación
