Sigue latente la preocupación de autoridades, habitantes y usuarios de la vía Nacional en los departamentos de Huila y Putumayo por el futuro que le espera a la concesionaria Aliadas para el Progreso.
Esto, ante la reciente decisión que tomó un Juez de Conocimiento de Bogotá de condenar a la Representante Legal de la empresa Aliadas para el Progreso a pagar una condena de seis años y seis meses de prisión por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato Tunjuelo- Canoas que tenía como objetivo la descontaminación del Río Bogotá.
Paola Andrea Solarte es hija del empresario constructor Carlos Alberto Solarte, dueño de CASS Constructores S.A.S empresa que resultó implicada en escandalosos casos de corrupción y nexos con la multinacional brasileña Odebretch, por lo que para evitar dificultades legales había dejado en manos de la profesional el manejo de Aliadas para el Progreso.
Desde junio pasado, Paola Andrea Solarte había sido condenada a pagar seis meses de prisión domiciliaria, esto tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y porque en su condición de madre cabeza de familia solicitó no ser recluida en un centro carcelario.
Al conocerse sobre la ratificación de la condena, la empresaria perdió sus derechos a ejercer cargos públicos y a contratar con el Estado por lo que en su calidad de Representante Legal de Aliadas para el Progreso no ha podido lograr que la empresa acceda a créditos y contrataciones que le permitan cumplir las obligaciones de la concesión vial.
Mientras se cumple el nuevo plazo otorgado por el Gobierno Nacional a la polémica empresa, para declarar la cesión o caducidad del contrato de concesión vial de 2.9 billones de pesos, la insatisfacción de los usuarios de la ruta 45 por el estado de deterioro, sigue creciendo.
Por: Hector Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
