Miller Amín Dussán Calderón representante de los afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo ASOQUIMBO e integrante de la Mesa Temática por la Defensa del Territorio y el Agua del Huila Miller Amín Dussán Calderón, fue notificado por parte del Contralor delegado para el Medio Ambiente sobre un proceso de auditoría que se realizará al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Dicha acción del ente de control se dio, luego que el líder social radicara hace varias semanas un Derecho de Petición en el que exigía establecer las responsabilidades en los incumplimientos y afectaciones que dicha obra ha venido presentando desde su construcción y que a la fecha no han sido resueltos.
El escrito refiere varios aspectos que deben ser resarcidos ante las graves afectaciones al Patrimonio Nacional, Departamental y de las poblaciones Víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, así mismo, ante las serias “amenazas y Riesgos y las incertidumbres por la baja calidad de los estudios básicos o ausencia de los mismos”.
Indica el Derecho de Petición que los incumplimientos, retrasos e irregularidades para efectuar el reasentamiento de varias comunidades especialmente las de Montea en Gigante, Santiago y Palacio en Garzón, La Galda de El Agrado han resultado inadmisibles dadas las irregularidades al no dotarlas de sistema de vertimiento y las fallas en la formulación de los EOT y PBOT de los municipios.
Refiere además pese a que hace varios años y tal como se comprometieron mediante los planes de compensación social, ambiental, económica y cultural; aún se presentan atrasos en las obras de dotación de infraestructura social y productiva, no hay acompañamiento social y ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA ni Emgesa han cumplido los compromisos de la licencia ambiental.
Es el caso de la dotación y adecuación de tierras, pues según la denuncia, a la fecha se debían haber adecuado ya unas 5.900 hectáreas de riego, de las cuales 2.900 debía costear Emgesa y no ha informado nada sobre ese aspecto.
Se conoció que un convenio entre los ministerios de Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural con la Gobernación del Huila y los municipios de El Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia para adquirir 2.700 hectáreas y hacer reforma agraria con familias vulnerables de la zona, solo se ha cumplido en un 16%, pues según la Agencia Nacional de Tierras solo se han adquirido 439 en El Agrado y Paicol y para determinar los beneficiarios solo se hizo un censo de 426 personas por parte de Emgesa, la cual según Dussán, se ha negado a entregarlas a los beneficiarios la entrega de las tierras alegando que el sistema de riego con el que se deben otorgar, es muy costoso.
Entre las entidades que según la petición presentan algún grado de incumplimiento a los afectados, figuran La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la multinacional EMGESA, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y de Agricultura y Desarrollo Rural y algunas de sus entidades, la Gobernación del Huila, las alcaldías de los municipios del área de influencia del proyecto, entre otras.
La denuncia reitera que las afectaciones según la Contraloría están estimadas en 350 mil 644 millones de pesos y que los planes de contingencia, los programas de compensación, los proyectos productivos y los riesgos que está representando la operación de la hidroeléctrica no presentan cumplimientos acordes con lo previsto.
En la respuesta notificada al peticionario se indica que el ente de control adelantará las acciones de auditoria que sean necesarias para esclarecer lo expuesto en la queja, conforme a las competencias.
Por: Héctor Fabio Muñoz Figueroa – @hefamu1
