Recientemente la Fiscalía Regional en el departamento del Huila, confirmó la captura de los ex alcaldes de Saladoblanco; Vidal Vargas Lomelin y de Oporapa Laureano Molina Scarpetta ( actualmente, conc ejal activo de Pitalito) en el proceso de investigación respecto a la toma de la guerrilla en el año 2002; efectuada en el municipio de Oporapa.
En las próximas horas , los dos exmandatarios locales tendrán una audiencia a puerta cerrada en la ciudad de Neiva, para brindar su testimonio respecto a los hechos acontecidos hace 17 años.
La Fiscalía aclaró que en coordinación con la Policía Metropolitana de Neiva y del Huila, lograron la captura con fines de indagatoria y vinculación al proceso de Laureano Molina Scarpetta, exalcalde de Oparapa para la época de los hechos y actual concejal de Pitalito; y de Vidal Vargas Lomelin, exalcalde de Saladolanco (Huila) para la misma época, por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo.
El ente acusador indica que a mediados del año 2002 miembros de la guerrilla FARC incursionaron en Oparapa y la inspección de Maito-Tarqui en Huila, dejando como saldo cuatro personas muertas, entre ellos dos agentes de la Policía y dos civiles.
Los sindicados bajo la Ley 600 de 2000, serán escuchados por una fiscalía especializada de Neiva, para resolver su situación jurídica, con base en el material recopilado respecto del ataque armado cometido por cerca de 250 insurgentes de las compañías Uriel Varela, Jacinto Matallana, Arturo Medina y del Frente 13 de las desmovilizadas Farc, los días 10 y 11 de julio de ese año.
Las víctimas fueron identificadas como Henry Monroy Rodríguez y Elvis Mario Paguatión Arteaga, uniformados de la Policía Nacional; y los habitantes de esas zonas, Margarita Hernández Rocha y Roberto Chaux Motta.
A raíz de la compulsa de copias que hizo la entonces Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, hoy Dirección de Justicia Transicional, se logró determinar que ambos sindicados habrían brindado colaboración financiera, logística y de inteligencia, a dicho grupo insurgente en aquella época, estableciéndose de esa manera su posible participación en la mencionada toma.
Se les investiga por la muerte indiscriminada de dos civiles que no tenían que ver con el conflicto armado de ese entonces, configurándose el delito de homicidio en persona protegida.
En el caso del homicidio agravado, se les atribuye por la muerte de los uniformados y la tentativa, por el ataque en el que resultaron heridos otros policiales que salieron a repelerlo.
Finalmente, el punible de terrorismo se les endilga puesto que mantuvieron en zozobra a la población y pusieron en peligro su vida, al igual que su integridad física y libertad.
La audiencia se va a realizar a puerta cerrada en la capital del Huila; entretanto los familiares de los reconocidos políticos surhuilenses han expresado que ambos son inocentes y demostrarían esta condición ante la Fiscalía.
