Los menores de edad eran entrenados para acompañar a los adultos de tercera edad y asegurarse que marcaran correctamente su voto por el candidato al que que se lo habían vendido.
Además, algunos de los criminales ejercían como “profesores o didactas” encargados de enseñarles a las personas cómo marcar los tarjetones y asegurándose que el voto fuera por quien querían.
Adicionalmente, tenían diferentes casas en las que los electores acudían a estas capacitaciones y los enviaban de un lugar a otro para completar el proceso. En varías de ellas lograron captar filas de personas esperando a recibir el dinero.
El jefe del ente investigador reveló que estos actos ilegales comenzaron con las elecciones regionales del año 2015 y se consolidaron para las del Congreso el pasado 11 de marzo; pero, además, confirmaron que los integrantes de la empresa criminal estaban preparando nuevos sistemas.
Martínez señaló que los dirigentes políticos regionales de diferentes ciudades hacían acuerdos con líderes para que reclutaran electores en barrios y comunas.
El Fiscal agregó que hay varios representantes y senadores electos y en ejercicio involucrados en los hechos a los que se les van a imputar delitos como concierto para delinquir, constreñimineto al elector, entre otros, según su participación en los hechos.
Los hechos se descubrieron gracias a que varias personas no recibieron lo que les prometieron y se acercaron a la Fiscalía a denunciar que habían sido estafados sin saber que en realidad estaban denunciando delitos electorales, lo que facilitó la investigación y dio más pistas sobre los responsables.
El jefe del ente investigador reveló la estructura de esta “empresa criminal” que benefició principalmente a Aída Merlano, que está detenida desde los días posteriores a las elecciones.
Esta es una imagen de las filas que hacían las personas para reclamar lo acordado con estos delincuentes.
Así eran las reuniones en las casas donde los electores eran entrenados para votar como lo necesitaba la organización delictiva:
Martínez reveló que estos hechos se presentaron en diferentes regiones del país en donde también participaron funcionarios públicos. Hay personas vinculadas al Concejo de Barranquilla, la Secretaría de Integración Social del Distrito, el SENA en Caucasia, entre otros.
El Fiscal presentó varias pruebas como videos y audios que utilizarán en el proceso de judicialización de estas personas, que puede ver y escuchar a continuación:
Fuentes Fiscalía y registraduria