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miércoles, 16 de mayo de 2018

Cartel vende votos en la Registraduría; registrador Galindo se defiende,Denuncia.

Paz y Reconciliación, en cabeza de su director, León Valencia, y de su subdirector, Ariel Ávila, presentó un informe en el que asegura que según “fuentes” la supuesta red vende “paquetes de votos”, y que funciona desde la misma Registraduría Nacional.


“De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta 2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular”, señala el informe.
“Nos han dicho: ‘aquí funciona un negocio’. Ese negocio es vender paquetes, que lo llaman ‘colchón electoral’. Si a usted le faltan votos nosotros se los podemos colocar en último momento”, explicó Valencia en Canal 1.

Para sustentar la denuncia, Paz y Reconciliación dice que se habría presentado un fraude electoral en las elecciones del pasado 11 de marzo “que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República”, y argumenta que esta no sería la primera vez que ocurre si se tiene en cuenta lo que sucedió con las tres curules en el Congreso que le tuvieron que devolver al partido Mira, a comienzos de enero de 2018, pese a que las había ganado en los comicios de 2014.
“La Fundación encuentra con preocupación que las irregularidades relacionadas con el sistema electoral están presentándose en ocasión de la coyuntura y desde comicios anteriores, como se evidenció con el partido Mira. A esto se suma el hecho de que las capacidades de la Registraduría parecen no ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en las elecciones y en sus contratos”, advierte Paz y Reconciliación.


En el informe se cuestiona que la Registraduría haya destruido los formularios E-11, en donde se recogió información personal de quienes participaron en las consultas interpartidistas, “dos meses después de realizadas las votaciones, lo que significó un riesgo inevitable en el uso y el acceso de la información contenida ahí”.
“Creemos que aquí hay una responsabilidad política y jurídica del señor registrador sobre la transparencia electoral. Es tan grave la situación que los formularios E-11… hasta ahora comenzaron a ser destruidos”, agregó Ávila en el noticiero.

La Fundación advierte que las poblaciones en donde se han detectado más actos de corrupción electoral están en Santander, Valle del Cauca y la Costa Atlántica.

Pero el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, considera que este informe sobre mafias electorales faltaría a la verdad.
“Es un irrespeto que la Fundación Paz y Reconciliación presente un informe basado en supuestos a dos semanas de las elecciones… Hablan en condicionales y sin pruebas con unas acusaciones muy graves. No pueden hacer manifestaciones de esta naturaleza y si tiene las pruebas pues que vaya a la Fiscalía, debemos ser responsables, no somos ajenos al fraude pero tampoco podemos sembrar dudas de esa forma”, dijo Galindo en rueda de prensa, que recogió Caracol Radio.
Ávila respondió que la Fundación tiene “más de 3.000 folios de pruebas sobre posibles fraudes en elecciones”, y que Galindo no se refirió a este tema en sus explicaciones.

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