La propuesta para que se establezca un salario mínimo diferencial por regiones, volvió a calentar la polémica sobre si es necesario o no establecer eses modelo en Colombia.
El asunto se ventila en momentos en que está por iniciarse la negociación oficial del salario mínimo que regirá para el 2018, la cual comenzará oficialmente mañana.
La iniciativa cobró vigencia desde mediados del mes de octubre en el informe de Borradores de Economía del Banco de la República en el que se propone que el país implemente un salario diferencial acorde con la productividad de las regiones, buscando reducir la informalidad laboral en las principales ciudades del país.
“Proponemos que las ciudades más productivas tengan un salario mínimo superior al de otras de baja productividad, esto permitiría un balance entre productividad laboral y salario mínimo que no dificulta la demanda de trabajo formal”, señalaron los investigadores Luz Flórez y Luis Arango.
El documento recuerda que el país ya tuvo en la década de los ochenta un salario diferencial por regiones.
En 1960 se establecieron salarios por Departamentos y por tamaños de empresa y ese mismo año se reajustó el salario mínimo en el sector agrícola y de los trabajadores menores de 16 años. Para 1972 se fijó el salario por sectores de manufactura, comercio, servicios, transporte, construcción, primario, entre otros, por zona del país y por tamaño de empresa, etc.
Sin embargo, estas medidas se unificaron en 1983 cuando se estableció un salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos tal y como rige en la actualidad.
Falta madurar la idea
Para el director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Eduardo Sarmiento, esta propuesta aún necesita madurarse porque podría profundizar las problemáticas que viven las regiones con baja productividad.
“La propuesta necesita muchos más estudios para determinar si se puede poner diferentes salarios en las regiones porque eso va generar menores salarios para los Departamentos más atrasados, lo que llevaría a acentuar las dificultades”, anotó.
En ese sentido, el profesor de Economía de la Universidad Nacional, Ricardo Bonilla, explica que aparentemente la iniciativa es novedosa para quien no conoce la historia, y dice que se podrían repetir escenarios en donde se cambian las políticas, pero el problema del desempleo continúa.
“Podríamos pensar en reducir la tasa de desempleo así como cuando se acabaron las horas extras y los recargos nocturnos porque supuestamente con eso se iba a generar más puestos de trabajo, lo cual finalmente no sucedió”, subrayó el analista.
Pero la idea tampoco es acogida por el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) Julio Roberto Gómez, porque considera que esa división de salarios en el país no es conveniente.
“Es absolutamente inaceptable eso es 'balcanizar' el salario. Lo que la CGT plantea es que el único Departamento en donde debe existir un salario diferencial es en San Andrés y Providencia, cuyos productos son importados y por eso su costo es mayor. No es justo que la isla tenga un salario igual al resto del país”, manifestó Gómez.
¿Cómo se aplicaría?
De acuerdo con el documento del Emisor, inicialmente se realizaría un cálculo para determinar el nivel de la informalidad en las ciudades para organizarlas en cuatro grupos que permitan determinar los salarios, los cuales se implementarían durante cinco años para luego definirlos de forma plena para todas las capitales.
En ese sentido, en un primer grupo estarían las ciudades que presentan una tasa de informalidad baja (Bogotá, Manizales y Medellín) en donde el ajuste del salario mínimo sería igual a la meta de inflación de largo plazo y algún estimado de crecimiento en la productividad que estaría entre 0,5% a 1% anual.
Para las regiones con informalidad media (Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Cartagena) el ajuste sería de 75% del correspondiente a las ciudades del primer grupo.
Para las ciudades con tasas de informalidad alta (Villavicencio, Neiva, Armenia) el incremento sería de 50 % y en las de muy alta (Cúcuta, Montería, Florencia, Valledupar, Quibdó, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo) el ajuste estaría sería del 30 %.
Para que la propuesta sea realidad deberá enfrentar un largo trámite en el Congreso. Y eso por ahora es difícil.
¿Qué dicen los gremios?
Los empresarios también consideran que es necesario debatir las implicaciones de un salario mínimo diferencial, pues habría que cambiar en gran medida la legislación laboral vigente.
“Es una propuesta que debemos analizar, estamos a tiempo de tener unos elementos mucho más detallados para que una medida de esta naturaleza sea factible, porque vemos que el costo de vida entre una ciudad como Bogotá y un pueblo o ciudad intermedia es distinto”, señala Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Bancaria, Asobancaria, Jonathan Malagón, que hace parte de la mesa de negociación del salario mínimo, aseguró que “el salario diferencial por regiones es una buena idea, pero consultando la realidad de la capacidad de compra de cada uno de los hogares”.
Entretanto, Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, señaló que está de acuerdo en discutir el asunto, aunque “se tendrían que presentar estudios técnicos en cada región”.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, no descarta esa posibilidad. “La negociación de esta propuesta debe ser incluida en la discusión del salario mínimo y evaluada por los gremios”, anota.
A los comerciantes también les suena la idea, pero al igual que los demás gremios, faltan todavía muchos elementos técnicos para que sea viable en el tiempo.
Todo apunta que en la reunión de la comisión de concertación el asunto no pasará desapercibido.
Lo que viene
Mañana se dará inicio oficial a las negociaciones del salario mínimo del 2018 por parte de la Comisión de Concertación Laboral y Salarial.
La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, confía en que “este año se logre un acuerdo”. El salario del 2017 fue definido por decreto tras fracasar las negociaciones entre sindicatos y empresarios.
Para el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, el índice de productividad no estará por encima de 1 %, incluso, tendría un techo de 0,5 %, debido a la compleja situación económica que vivió Colombia durante 2017.
Ese punto se sumaría a la inflación causada en el 2017 o la estimada para 2018. El IPC calculado para el presente año es de 4,1%, por lo que el ajuste salarial sería del 5%.
